La inevitable reforma de las pensiones
Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia, se mantiene firme en la defensa de su reforma del sistema de pensiones sin ceder a las presiones que está recibiendo en las calles de numerosas ciudades galas. Ayer afrontó la sexta jornada de protestas desde que los sindicatos, encabezados por la CGT, lanzaron la campaña en septiembre. Siguiendo una estrategia sindical clásica donde el transporte es la piedra angular de las movilizaciones, los sindicatos consiguieron paralizar numerosos vuelos y servicios ferroviarios y continuar con el desabastecimiento de combustible.
Sin embargo, el presidente francés insistió en que ya ha suavizado el proyecto de reforma en lo posible y que la principal medida -retrasar la edad mínima legal de jubilación de 60 a 62 años para aquellos trabajadores que hayan cotizado al menos 40 años- es innegociable. Y lo sustentó con un dato demoledor: una de cada diez pensiones francesas se paga con deuda pública, ya que son insuficientes las cotizaciones abonadas por los trabajadores en activo.
La mayoría de los países europeos, incluida España, afronta actualmente una revisión de sus sistemas de jubilación. El envejecimiento de la población europea ha hecho inviable el mantenimiento de los modelos si no se producen retoques que, a grandes rasgos, impliquen aumentar los ingresos por cotizaciones y/o reducir los gastos por pensiones. Francia no es, pues, una excepción, sino la regla y se comprende que el resto de Gobiernos sigan muy de cerca las protestas sociales y, muy especialmente, la resistencia del Ejecutivo galo. Sería un mal precedente la retirada de la reforma de las pensiones del país vecino.
No obstante, no cabe comparación con la situación española. La fuerte raigambre del sector público y del papel del Estado en la sociedad francesa dista de la española; además, el fracaso de la huelga general del 29 de septiembre contra la reforma laboral augura poco seguimiento a un nuevo intento sindical de movilizar a los trabajadores. Así pues, parece improbable que la reforma de las pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentre con desafíos como los de estos días en Francia. Por otro lado, el pacto cerrado con el PNV y CC abarca futuras reformas estructurales, despejando así la incertidumbre política al trámite parlamentario, aunque una revisión del sistema de retiro precisaría de pleno consenso político.
El Gobierno tiene el campo despejado para afrontar una reforma de las pensiones que evite a medio plazo su quiebra. Quedarse en un intento tímido, como ha sucedido con el mercado laboral, sería un error de graves consecuencias para los futuros jubilados. Además, sería un pésimo mensaje para el resto de socios comunitarios que han empezado a tomarse en serio el control de las cuentas públicas. Si Sarkozy resiste, con más motivo debe hacerlo Zapatero.