La abogacía se opone a la reforma del juzgado de instrucción

Ante el proyecto de encomendar la instrucción de todos los delitos al ministerio fiscal y eliminar los juzgados de instrucción para convertirlos en juzgados de garantías, la asociación Scevola, por la Calidad y la æpermil;tica en la Abogacía, ha manifestado en un comunicado, lanzado ayer, que el cambio de modelo propuesto "no es ni oportuno ni aconsejable".

Entre los motivos para oponerse a esta medida que persigue el ministro Francisco Caamaño destacan varios. "En primer lugar, porque el sistema tradicional español no es peor, sino claramente mejor y, en segundo lugar, porque la complejidad del cambio y sus costes inherentes son particularmente desaconsejables en un momento en el que debemos destinar todos los esfuerzos y las inversiones a otras direcciones mucho más urgentes para mejorar la administración de justicia española que, por cierto, no es un "servicio público", sino una función del Estado "absolutamente imprescindible" han aclarado.

La asociación Scevola sostiene que "cualquier reforma procesal penal que no deje antes muy clara, legal y socialmente, la responsabilidad, de toda clase, de los miembros del Ministerio Fiscal parece una lamentable frivolidad, de consecuencias contrarias a la represión jurídica de la criminalidad y a los derechos y libertades de todos".

Estatuto fiscal

Scevola explica que una de las piezas esenciales para que ese proyecto fuese admisible sería la reforma radical del Estatuto Fiscal para dotar a los fiscales de independencia e inamovilidad, eliminando la dependencia jerárquica y facultades del Poder Ejecutivo.