El PP trasladará al Presupuesto la batalla de las pensiones
Mientras el Pacto de Toledo trata de recomponer a duras penas el consenso, el pulso entre el Gobierno y el PP a costa del futuro de las pensiones va en aumento. Mariano Rajoy anticipó ayer que trasladará la batalla al debate presupuestario.
El principal partido de la oposición quiere romper a toda costa el discurso social que todavía aspira a mantener vivo el Gobierno. Mariano Rajoy anticipó ayer en el Congreso que presentará una enmienda a los Presupuestos de 2011 para evitar la congelación de las pensiones, iniciativa que tiene todas las papeletas para ser respaldada por el resto de los grupos de la oposición. En caso de prosperar, tendrá que ir acompañada de una propuesta para compensar con 1.500 millones de euros los ingresos del Estado, pues éste es el ahorro que el Gobierno espera obtener con la congelación de las pensiones.
Rajoy le pidió ayer a José Luis Rodríguez Zapatero que, al menos, no vete el debate sobre las pensiones en el Parlamento, teniendo en cuenta que ya lo ha hecho en varias ocasiones y que hay una docena de iniciativas parlamentarias que han caído en saco roto en las que se solicita al Ejecutivo que mantenga el poder adquisitivo de estas prestaciones.
El presidente del Gobierno volvió a presumir ayer en el Congreso de dedicar la mayor parte del Presupuesto a gasto social, aunque sin advertir de que gran parte del mismo va destinado al pago del desempleo y que se reducen las partidas dedicadas a financiar la Ley de Dependencia.
Mientras los grupos parlamentarios se afanan en recomponer el consenso en la comisión del Pacto de Toledo, el Gobierno y el PP parecen decididos a trasladar esta pugna al campo electoral una vez constatada la voluntad del primero de congelar las pensiones en 2011 y de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. La negociación de la reforma será gestionada por el sustituto de Celestino Corbacho en Trabajo, departamento en el que ayer se señalaba a Octavio Granado como el elegido.
Cataluña se mira en el espejo vasco
CiU y Esquerra defendieron ayer en el Congreso la transferencia al País Vasco de las políticas activas de empleo, que incluye también el traslado a esta comunidad de la gestión de las bonificaciones a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Los diputados Carles Campuzano y Joan Tardá hablaron en nombre de sus respectivos grupos para reivindicar también el derecho de Cataluña a acceder a estas transferencias. En realidad, podrán solicitarlas todas las comunidades que hayan reformado sus estatutos y puedan considerarse como de segunda generación.El debate volvió a suscitarse ayer en el Congreso a partir de una moción defendida por el diputado del PP Tomás Burgos en la que intentó demostrar que el traspaso de estas competencias al País Vasco pone en riesgo la caja única de la Seguridad Social. "Repartir llaves de la caja única significa perturbar su funcionamiento", argumentó Burgos.Esquerra Republicana, embarcada en la pugna electoral, emplazó al Partido Socialista de Cataluña a reclamar con contundencia al Gobierno la gestión de las bonificaciones.