Los ingenieros industriales apoyan a la Generalitat en la Ley âmnibus
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (Cogiti) ha manifestado su apoyo a la decisión de la Generalitat de Cataluña de considerar inconstitucionales determinados preceptos de la Ley âmnibus al considerar que invaden determinadas competencias contenidas en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía.
Entre ellos, se refiere a la competencia para decidir sobre la obligatoriedad de la colegiación, los visados, la memoria de los colegios y los honorarios profesionales. En consecuencia, la Generalitat pidió al Consejo de Garantías Estatuarias que se pronunciara sobre estos preceptos y este órgano confirmó la inconstitucionalidad.
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales ha defendido en todo momento que el visado es la mejor garantía para preservar la seguridad e integridad física de los usuarios de las obras e instalaciones de ingeniería. Desde su punto de vista, "la supresión del mismo hará que se rompa la cadena de seguridad en los trabajos profesionales puesto que no se podrá garantizar a los usuarios la idoneidad del profesional para la realización de esos proyectos ni la posibilidad de conocer la adscripción del profesional a una póliza de seguro de responsabilidad civil, así como tampoco el contenido formal de la documentación preceptiva o la aplicación de las normas vigentes".
Por esta razón, los colegios profesionales de la ingeniería han optado por ponerse al lado del Gobierno catalán y de "luchar hasta el final para que el real decreto sea derogado puesto que el criterio económico que propugna el Gobierno no debería prevalecer sobre la seguridad y la integridad física de las personas".
En esta denuncia, los ingenieros industriales aseguran que no existe un control preventivo sustitutivo del visado y exponen que ni ningún mecanismo de control tendría viabilidad sin la garantía colegial.