La atención a la dependencia no se salva del recorte generalizado en el gasto
Los Servicios Sociales no consiguen escaparse de las garras de la bestia del déficit. La dotación prevista en los Presupuestos Generales asciende a 2.516 millones de euros, es decir, un 8,1% en relación con el ejercicio anterior. Y la que sale peor parada es la Ley de Dependencia que acapara el grueso de esa partida.
Los Presupuestos prevén para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia un áspero recorte en una partida que recoge las pensiones de minusválidos, prestaciones económicas a discapacitados, o la red básica de servicios sociales como albergues o centros de acogida.
En total, las arcas públicas destinarán 1.498 millones de euros. Esto supone una disminución del 5,2% respecto a 2010. Una cifras que según el equipo del Gobierno son resultado directo de la evolución del número de beneficiarios y de las medidas aprobadas en mayo por el Ejecutivo en línea con la reducción del déficit.
El Gobierno adoptó entonces una serie de iniciativas extraordinarias para la reducción del déficit público. Esto se tradujo en una limitación de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas nuevas durante los primeros seis meses u y la posibilidad del fraccionamiento en el pago de retrasos de prestaciones ya solicitadas en un periodo de hasta cinco años.