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Competencias

Gobierno y PNV negociarán la compensación del coste de las bonificaciones transferidas

El pacto alcanzado el miércoles entre el Gobierno y el PNV para transferir al País Vasco las políticas activas de empleo tiene una pata pendiente que consiste en definir de qué forma el Ejecutivo de Vitoria compensa al Estado el coste de las bonificaciones a las cuotas empresariales que van a ser objeto de traspaso.

El modelo pactado es relativamente sencillo de aplicar. Primero: el empresario contrata a un trabajador determinado y se deduce la bonificación correspondiente. Segundo: los servicios públicos de empleo del País Vasco comprueban que dicha bonificación está en regla. Tercero: como esta bonificación supone un coste para la Seguridad Social, ésta lo certifica al Estado. Cuarto: el Estado lo ingresa en las arcas de la Seguridad Social. Y quinto: el Gobierno vasco compensa al Estado el coste de la bonificación. Falta por definir cómo y en qué plazos, según informó ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Tanto Granado como el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, negaron que el acuerdo con el PNV suponga la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, ya que ni se traspasan las cotizaciones ni se quebrantan los ingresos del sistema.

El paso dado con el País Vasco lo podrán seguir también aquellas comunidades con estatutos de segunda generación, entre ellas Cataluña, Andalucía, Aragón y la valenciana. Algunas hace tiempo que tienen convenios suscritos con la Seguridad Social para aplicar determinadas bonificaciones a trabajadores que consideran de su interés. La consejera catalana de Empleo, Mar Serna, solicitó ayer el traspaso de la totalidad de las políticas activas.

En todo caso, el Gobierno se aferró ayer a la doctrina del Tribunal Constitucional de que las bonificaciones a las cuotas empresariales no forman parte de la caja única de la Seguridad Social.

El Ejecutivo puso el máximo interés en contrarrestar la ofensiva desplegada por el PP para demostrar que el acuerdo con el PNV pone en peligro la caja única por la vía de los ingresos.

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