Con el fin de salvaguardar su independencia

El PP exige que el Parlamento elija a los miembros de los órganos reguladores

El principal partido de la oposición dará la batalla en el Congreso durante el debate sobre la Ley de Economía Sostenible para que el nombramiento de los miembros que formen parte de los organismos reguladores corresponda al Parlamento y no al Gobierno, con el fin de salvaguardar su independencia.

La composición de los organismos reguladores se antoja como uno de los principales focos de atención del debate sobre la Ley de Economía Sostenible que comienza este jueves en el Congreso en su fase de enmiendas de totalidad. El Gobierno se ha limitado a mejorar la gobernanza de estas instituciones reduciendo el número de sus consejeros y estableciendo nuevos mecanismos de rendición de cuentas en el proyecto de ley que será aprobado, previsiblemente, antes de fin de año. Pero el PP propone llegar más lejos y exige que tanto el presidente como los consejeros de cada organismo sean elegidos por el Parlamento. Entre las instituciones afectadas se encuentra la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal y, de forma parcial, la Comisión Nacional de la Competencia. El proyecto deja al margen de este marco común los organismos vinculados al ámbito financiero, cuyo funcionamiento está sujeto a las reglas comunitarias.

Fuentes del PP señalan que en una de sus enmiendas al proyecto de ley se recogerán los principios que esta fuerza política considera básicos para garantizar la independencia del Gobierno de los organismos reguladores. El principal pasa porque la elección de sus miembros corresponda al Parlamento, con el oportuno juego de las mayorías y minorías, y no al Ejecutivo como ocurre hasta ahora.

En opinión del principal partido de la oposición, el Gobierno se queda en la mera enumeración de principios y objetivos y la mejora regulatoria sería beneficiosa para la economía si no se formulara en la ley en términos tan vagos, equivalentes "a una mera declaración de intenciones".

Mandatos de seis años

En el texto remitido por el Gobierno al Congreso se prevé que los organismos reguladores tengan cinco miembros, incluido el presidente. Todos ellos serían elegidos por el Ejecutivo, a propuesta del titular del Ministerio competente, "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional", por un periodo de seis años y sin posibilidad de reelección.

El proyecto prevé que rindan cuentas ante el Congreso para explicar sus proyectos. En el caso de los presidentes, tendrán que comparecer ante la Cámara Baja con periodicidad anual para presentar las correspondientes memorias. Cada tres años, se celebrará una comparecencia especial para que los parlamentarios debatan la evaluación de los planes de actuación y los resultados obtenidos por los organismos en cada trienio.

Por último, el proyecto de ley compromete a los reguladores a cooperar entre ellos y también con la Comisión Nacional de Competencia.

CiU denuncia inseguridad jurídica

El proyecto de ley de Economía Sostenible contiene 113 artículos, nueve disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y 33 disposiciones finales que modifican, en conjunto, 29 disposiciones normativas. Todo un cajón de sastre que el PP compara con una ley de acompañamiento y Convergència i Unió con un mecanismo que vulnera los principios de seguridad jurídica, transparencia y simplicidad.

Los nacionalistas catalanes justifican su enmienda a la totalidad a partir de las recomendaciones que hizo el propio Consejo de Estado en su dictamen. Este organismo emplazó al Gobierno a revisar la "construcción general" del proyecto de ley de Economía Sostenible dada su formulación tan compleja y variada.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificó en 2005 la eliminación de la ley de acompañamiento a los Presupuestos a partir de la inseguridad jurídica que generaba, argumento que ahora recoge CiU en su enmienda para exigir la devolución del proyecto al Gobierno.