Los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones

La UE limita a 60 días el plazo para que el sector público pague sus facturas

La Eurocámara y el Consejo han pactado establecer un plazo límite de sesenta días para que las autoridades abonen sus facturas, informó hoy el Parlamento Europeo en un comunicado.

Ambas instituciones llegaron a un consenso anoche sobre la reforma de la legislación contra la morosidad en los pagos, que pretende evitar que los atrasos contribuyan a ahogar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en épocas de crisis.

Según datos del Ejecutivo comunitario, los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros en toda la Unión Europea (UE), de los que 1.200 millones corresponden a las administraciones públicas y 700 millones a empresas. Además, el 7% de las quiebras empresariales en Europa se deben al retraso en los pagos, según un estudio elaborado por una empresa suiza y citado por la Comisión Europea.

Según lo acordado ayer, el plazo normal para que empresas públicas y privadas abonen sus facturas será de 30 días.

La eurodiputada que lideró las negociaciones, la socialdemócrata alemana Barbara Weiler, consideró que este plazo, tanto para entidades públicas como privadas, garantizará la igualdad y "beneficiará a muchas pequeñas y medianas empresas europeas", que no tendrán que "ejercer de bancos para las empresas públicas y las grandes compañías".

"Circunstancias excepcionales"

Sin embargo, el acuerdo abre la puerta a ampliar el límite "en circunstancias excepcionales": hasta sesenta días, en el caso de las entidades públicas, y sin fecha concreta en el caso de compañías privadas que así lo acuerden.

El pacto también establece el pago de un interés del 8% sobre la cantidad total adeudada en caso de que se rompan estos plazos, además del abono de una compensación de 40 euros para cubrir costes.

Los hospitales públicos gozarán de una flexibilización de la norma, al contar con dos meses de plazo sin necesidad de justificar el motivo de los retrasos.

El preacuerdo alcanzado ayer todavía deberá ser ratificado por el plenario del Parlamento, lo que probablemente ocurrirá en la sesión de octubre que se celebrará en Estrasburgo, según fuentes parlamentarias.