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Solicitan la retirada definitiva del proyecto

Parón vecinal al primer 'plan renove' del litoral

Preveía el derribo de 360 viviendas en la playa de Palma de Mallorca

Turistas en la playa de Palma de Mallorca
Turistas en la playa de Palma de MallorcaJaume Roselló

La oposición de los vecinos, a escasos ocho meses de los comicios municipales, ha paralizado sine díe el Plan de Acción Integral (PAI) en la playa de Palma de Mallorca, que preveía la rehabilitación de 2.290 viviendas y de 12.900 plazas hoteleras en los próximos cinco años.

Con una inversión prevista de 4.000 millones, este plan era el primero que se ponía en marcha en España para la renovación de los destinos turísticos maduros, uno de los objetivos fijados por la Secretaría General de Turismo para mejorar la calidad de la oferta en los enclaves de sol y playa. Para el desarrollo de este proyecto se creó un consorcio, en el que participan el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor. Este organismo presentó a finales de julio el primer esbozo del proyecto a la espera de recibir las alegaciones pertinentes durante el periodo de audiencia pública.

Con lo que no contaban los dirigentes del consorcio era con el fuerte rechazo que el plan iba a despertar entre los empresarios y en especial entre los vecinos, que han constituido una plataforma y han convocado hoy una manifestación para solicitar la retirada definitiva del proyecto.

De hecho, la plataforma se reunió la semana pasada con el presidente balear, Francesc Antich, al que solicitaron que frene el derribo de las 360 viviendas y de los 100 centros comerciales que prevé destruir el plan. El principal punto de fricción entre los vecinos y el consorcio se ha centrado en el derribo de 91 viviendas en la zona de Can Pastilla para la construcción de un bulevar y un centro comercial. El presidente autonómico se comprometió ante los vecinos de la zona a paralizar las acciones que afectaran a ese lugar a la espera de encontrar un mayor consenso entre todas las partes.

La disputa por los derribos también se ha trasladado al terreno político, ya que la aprobación del PAI requiere mayoría absoluta por parte del pleno del ayuntamiento. Por ahora, Unió Mallorquina, que tan sólo tiene dos concejales, es la única formación que se ha mostrado en contra de la paralización del plan. "Cualquier proyecto de esta magnitud requiere sacrificios tanto a particulares como a los comerciantes y a los propios hoteleros", recalcan desde la formación.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma de Mallorca, Francisco Marín, recalca que no se llegará a la citada votación por la demora en los plazos de tramitación. "La paralización de los derribos obligará a introducir nuevos periodos de consulta pública. Posteriormente el consistorio tendrá que presentar un informe vinculante, que deberá ser sometido a nuevas alegaciones. En total, podemos llegar a marzo o abril. Con unas elecciones en mayo, ningún partido se va a atrever a tomar ninguna decisión hasta que se conozca el resultado de los comicios", asegura.

Martín advierte que, pese a no compartir algunas de las propuestas del PAI, nunca habrían bloqueado la aprobación del proyecto. En concreto estaba en contra de la desaparición de entre el 30% y el 60% de las 43.000 plazas hoteleras que hay en Palma y de la obligación de remozar la planta hotelera por otra con una media de cuatro estrellas. "La reducción de plazas no hubiera garantizado una mayor recaudación, por lo que la decisión más acertada habría sido reordenarlas para facilitar la salida a aquellos empresarios que lo desearan o que ya estuvieran fuera del mercado, para no dejar fuera del mismo a los que no lo desearan".

43.000 plazas hoteleras obsoletas y de baja calidad

El desaforado crecimiento de las plazas hoteleras en la playa de Palma ha provocado que a finales de 2009 hubiera registradas 43.073 camas. Eso significa una proporción de una cama por cada diez habitantes censados, una proporción absolutamente insostenible. Por ello, la presidenta del consorcio para la mejora de la playa de Palma, Margarita Nájera, anunció durante la presentación del proyecto que el objetivo inicial era reducir entre el 30% y el 60% de las plazas hoteleras. "Es tan sólo la marca de salida. El otro gran objetivo es pasar de una media de 2,7 estrellas a 4 estrellas", dijo.Algo que no sentó bien a los hoteleros, que tampoco se mostraron conformes con el sistema de financiación propuesto por el consorcio, que preveía que el 65% de los 4.000 millones procediera del ámbito privado.

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