El juzgado cita a los gestores de Gullón y al ex director por su despido
El Juzgado de lo Social número 2 de Palencia ha citado hoy a los gestores de Galletas Gullón y a su ex director general Juan Miguel Martínez Gabaldón a una vista para tratar la ejecución de la sentencia por despido improcedente del directivo, al no haberse producido un acuerdo previo entre las partes.
El fabricante de galletas fue condenado a readmitir al ex director general, destituido a finales de 2009 tras 22 años en la empresa, o a indemnizarle con 8,2 millones de euros más unos 700.000 euros de salarios de tramitación, la mayor indemnización impuesta en España por despido improcedente.
Para acatar la sentencia, el consejo de administración de Gullón accedió el pasado agosto a reincorporarle en el mismo puesto, pero Martínez Gabaldón consideró inviable esta opción mientras la empresa mantiene abiertas acciones civiles y penales contra él. Por este motivo, el ex director general solicitó ante el juzgado la ejecución de la sentencia y el cobro inmediato de la indemnización o, en caso de no pagarse, la ejecución del aval ya en poder del juzgado por importe de 8,94 millones de euros, informaron a EP fuentes de la empresa.
Ante esta petición, Galletas Gullón presentó un recurso de reposición que no ha sido tenido en cuenta. La compañía, que mantiene la oferta de readmisión del directivo, ha advertido de que el pago de esta indemnización "pone en peligro" los planes de expansión y crecimiento previstos para el ejercicio 2010-2011.
La sentencia por despido improcedente considera que la salida del directivo afloró "en el contexto de un conflicto intestino por el control de Galletas Gullón", en referencia a la lucha que mantiene la ex presidenta ejecutiva, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, con sus tres hijos varones por el control de la empresa.
22 años
El ex director general de Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, fue destituido a finales de 2009 tras 22 años en la galletera palentina. La justicia obligó a readmitirle o a indemnizarle con 8,2 millones de euros, la mayor cuantía impuesta en España por un despido.