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Columna
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¿Dónde están los votos para los PGE?

Aquello que llamábamos la rentree se presenta en esta ocasión con claridad meridiana: o aparecen los votos que el Gobierno necesita para sacar adelante el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al ejercicio de 2011 o el presidente José Luis Rodríguez Zapatero deberá proponer la disolución anticipada de las Cámaras. La opción intermedia -prórroga de los actuales PGE- es inviable de todo punto dadas las circunstancias en que nos sitúa la crisis económica y el control previo que la Comisión Europea se reserva, de forma que tertium non datur.

Qué interesante observar cómo en esta segunda legislatura de ZP salida de las urnas del 9 de marzo de 2008 el Grupo Parlamentario Socialista tiene 169 escaños, es decir que se encuentra a falta tan sólo de 7 para los 176 de que se compone la mayoría absoluta -mitad más uno del total de 350 del Congreso de los Diputados-. De forma que el número de escaños que ahora tienen los electos en las listas del PSOE es superior al que les asignó el escrutinio anterior, el del 14 de marzo de 2004, donde las listas de ZP obtuvieron cinco escaños menos, es decir, 164 y quedaron a una distancia mayor, de 12, respecto del número de la mayoría absoluta.

La cuestión previa a dilucidar es averiguar de qué serviría, qué alivio representaría -para quien tuviera esa necesidad de ganar las votaciones en Congreso de los Diputados-, acortar en 5 la distancia numérica desde los 12 de 2004, a los 7 de 2008. Porque podría suceder también, como de hecho está sucediendo, que el número inferior, los 7 de ahora, resulte más difícil y más caro de sumar a la buena causa de la aprobación de los proyectos de Ley presentados por el Gobierno, de lo que lo que costaba en la legislatura precedente conseguir los 12 que le faltaban. Como si el esfuerzo para el logro de 7 fuera mayor que el preciso para 12.

Así que la dificultad para añadir los votos que faltaren para sumar la cifra de 176 de la mayoría absoluta pudiera dejar de ser directamente proporcional al número de los que deban encontrarse fuera de las aguas jurisdiccionales del partido del Gobierno para llegar hasta ese umbral. Más aún, cuando sabemos que las actitudes se configuran en función de las expectativas. Y que las de ahora dejan ver, como venimos señalando, que el Gobierno tiene máximo interés por la aprobación de los presupuestos, sin los cuales se vería abocado a la anticipación de las elecciones generales.

A partir de ahí, dado el antagonismo recíproco que PSOE y PP se enorgullecen en cultivar, y excluido CiU, enredada como está en las elecciones autonómicas catalanas, la hipótesis más peligrosa pero también la más probable es la del acuerdo para los PGE entre PSOE y PNV. Conviene examinarla porque su coste político puede ser exorbitante, dado que todo socio cuando se sabe imprescindible eleva el coste de su adhesión.

Recordemos que en ocasiones anteriores los votos salían a subasta. Así los consiguió la UCD de Adolfo Suárez, primero, y de Leopoldo Calvo Sotelo, después. Por ese mismo trance hubieron de pasar también Felipe González cuando perdió la mayoría absoluta y José María Aznar hasta que la logró.

Pero en todos esos precedentes la compra se hacía en metálico. Quiere decirse que la contraprestación a los votos se cifraba en inversiones o ayudas públicas para la comunidad autónoma que amparaba con su denominación de origen al grupo nacionalista con el que se pactaba. Podían ser autovías, ferrocarriles, mejoras en carreteras, puertos o aeropuertos o tratarse de escuelas, universidades, centros de salud, de investigación o ayudas a sectores empresariales. La novedad ahora es que a falta de metálico volvemos a las negociaciones sobre transferencias de poder.

Por una parte, el presidente Zapatero para tomar carrerilla se ha ido hasta Shanghái donde ha dicho que el Gobierno está dispuesto a negociar con el PNV transferencias en materia económica y de empleo para lograr su apoyo a las cuentas públicas. Por otra, el portavoz del grupo parlamentario del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ya se ha adelantado a pedir al Ejecutivo vasco que no interfiera en las negociaciones. ¿En qué situación quedaría Patxi si ahora ZP acuerda con el PNV mejoras en los traspasos pactados con él? ¿Es que no hay nadie ahí, en Moncloa, que piense en el disparate que supondría desestabilizar al lehendakari socialista Patxi López? Lo pagarían carísimo en las urnas.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista

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