Deudas autonómicas
Las dificultades del pasado mes de mayo situaron a nuestra economía en un escenario complicado y difícil. El Gobierno tuvo que recomponer los escenarios de consolidación fiscal, ofreciendo a los mercados medidas de política económica contundentes para calmarlos y adelantar nuestra vuelta a la senda de estabilidad.
Pese a que similares medidas están acometiendo las comunidades autónomas y las entidades locales, estas últimas se ha visto envueltas en un grave escenario financiero motivado por un hecho que les es ajeno. En concreto me refiero a las incorrectas entregas a cuenta recibidas del Estado en los ejercicios del 2008 y 2009. Efectivamente, hubo una imprecisa previsión de ingresos del Estado que ocasionó anticipos y que ahora han de devolverse.
Respecto a la devolución de los saldos deudores a la Administración del Estado, parece existir una ausencia absoluta de debate respecto a un tema para mi trascendental: las cuantías económicas cuya devolución solicita el Estado produjeron, durante 2008 y 2009, unos ingresos adicionales al mismo, que sirvieron para consolidar algo sus maltrechas cuentas. Pensemos que se hubieran gastado en sueldos y salarios públicos. Por tanto, un 12%, como mínimo, habría retornado ya vía IRPF y un 31% a la Seguridad Social. Además, el gasto de estas retribuciones laborales ha dado lugar a consumos sujetos al IVA y los Impuestos Especiales. Sin tener en cuenta estos dos últimos tributos, lo cierto es que en torno a un 43% volvió al Estado. La reflexión es clara: ¿es lógico que en estos momentos solicite la devolución del total del importe sin deducir el porcentaje que ha vuelto al Estado?
Además y en el caso de las Entidades Locales, el Estado les dotó en 2009 de unos fondos especiales y con el fin de estimular el empleo y la inversión. Sin juzgar si esta medida fue o no adecuada, también buena parte de su importe retornó a las arcas del Estado en concepto de recaudación de tributos y Seguridad Social, sin entrar en que lo que hace pocos meses era conveniente -apoyar la inversión y con ello al empleo-, ahora no lo es.
Parece, cuanto menos razonable, que se abra un debate sobre esta cuestión. Lo contrario da pie a pensar que al Gobierno le conviniese anticipar inadecuadamente ciertas cantidades para, posteriormente, instar su devolución, una vez que autonomías y ayuntamientos las hayan dedicado a gasto público y transferido buena parte de las mismas al Estado.
Como verán, la operación económico-financiera es redonda. Díganme si no lo es conceder a alguien 100 euros en 2011, que devuelva 43 en el mismo 2011 y pedirle en 2013 los 100 iniciales. Echen números, comparen los tipos de interés en el mercado, los de la deuda del Estado por los cielos, etc., etc., y verán.
Las cifras que se barajan para la devolución son ciertamente mareantes. En 2008 se prevé para las comunidades autónomas unos 5.500 millones de euros y para las entidades locales unos 1.600 millones. Las cifras ascienden en 2009, respectivamente, a 20.000 y 4.500 millones. Es decir, un total de 31.600 millones. De aplicar el 43%, supondría que han retornado al Estado cerca de 13.600 millones, pese a que se solicite ahora su totalidad.
A este hecho debe unirse el coste que han supuesto para las entidades locales las medidas fiscales adoptadas unilateralmente por parte del Gobierno y sin la debida compensación financiera. Me refiero a los 400 euros de quita y pon o al cheque bebé. Todas ellas han minorado la recaudación estatal y, consecuentemente, la financiación autonómica y, sobre todo la local.
Para hacernos una idea de la importancia de este gasto fiscal, basta con decir que, si se hubieran compensado estas medidas en la liquidación de 2008 (recibida hace escasos días), las entidades locales no tendrían que devolver esos 1.600 millones de euros, aproximadamente, sino que tendrían que percibir una liquidación positiva.
Estoy totalmente de acuerdo que al "césar lo que es del césar", sobre todo en estos momentos de dificultad que estamos pasando, pero también creo necesario no olvidar que a "Dios lo que es de Dios" y en esto debemos cuidar con atención a las comunidades autónomas y a las entidades locales, de lo contrario asumirían una nueva competencia cual sería convertirse en financiadoras especiales del Estado en tiempos de crisis.
Juan M. Ruiz Galdón, economista del ayuntamiento de Málaga