La 'hucha de las pensiones' hubiera perdido 5.000 millones de estar en Bolsa

El Congreso paralizó la inversión en renta variable

Los ahorros de todos deben aprovechar la pujanza de nuestros mercados de inversión", sostenía hace apenas tres años el que fuera ministro de Trabajo, Jesús Caldera. Corría el año 2007 y la crisis económica y financiera no era más que una amenaza aún latente. Unos meses antes, Gobierno, sindicatos y patronal habían acordado que parte del cuantioso Fondo de Reserva de la Seguridad Social -40.334 millones de euros por aquel entonces- pudieran invertirse en la Bolsa para aumentar la rentabilidad del seguro por encima de la que se obtenía en deuda pública. Afortunadamente, nunca se llevó a cabo.

La aventura bursátil debía iniciarse a comienzos de 2008. El Ibex acababa de tocar su máximo histórico, con 15.945 puntos en noviembre de 2007. Para entonces la hucha de las pensiones contaba 45.000 millones de euros. El plan aprobado por el Gobierno en origen permitía la inversión de hasta el 30% del montante en renta variable. De haberse llevado hasta sus últimas consecuencias, casi 15.000 millones de euros destinados a cubrir las pensiones de los españoles en caso de emergencia hubieran ido a parar al parqué. Desde entonces hasta hoy, el mercado continuo ha perdido un 34%. El Ibex un 31%. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social podría haber perdido casi 5.000 millones de euros en Bolsa.

La iniciativa, sin embargo, no llegó a buen puerto. Pese a la insistencia del Gobierno, y a la aceptación de los agentes sociales, el proyecto quedó varado durante su tramitación parlamentaria. El debate continuó cuando el aún ministro de Economía Pedro Solbes ajustó el tope, para aconsejar una inversión del 10% en el continuo. También se delimitaron los criterios para la inversión. El anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros elevó a la Cámara Baja establecía que las adquisiciones deberían regirse por principios de seguridad, con un nivel de riesgo bajo, a la par que se buscaba la máxima rentabilidad. Todo ello, explicaron desde Trabajo, apoyando proyectos en los que primara "la responsabilidad social, económica y ambiental", y "evitando ejercer una influencia significativa en una entidad" determinada, o en su actividad empresarial.

Aunque la mayoría de las concreciones quedaron abiertas para su redacción en un reglamento aprobado por el Parlamento, todo apuntaba a que los gestores del fondo deberían renunciar a sus derechos políticos, como votar en las juntas de accionistas o participar en los consejos de las compañías. La discusión de la normativa se demoró, no obstante, hasta ya entrado el 2008. La perspectiva de las elecciones generales dejó en suspenso su desarrollo. Por aquel entonces, además, el Partido Popular comenzó a acusar al Gobierno de ocultar la gravedad de la crisis que se cernía sobre la economía española y se opuso a hacer experimentos con renta variable. El PSOE, a su vez, aunque instalado en el discurso de "la desaceleración" como contraposición a la innombrable "crisis", supeditó cualquier paso en este sentido a un gran acuerdo político.

Las turbulencias que dominaron los mercados bursátiles hicieron que, finalmente, el Gobierno del reelegido José Luis Rodríguez Zapatero asumiera que debía aparcar el proyecto.

La reforma pendiente

Semejante varapalo al fondo de reserva no hubiera hecho más que agriar el debate de la reforma de las pensiones. El progresivo envejecimiento de la población española hace inviable el actual sistema de pensiones más allá de 2025. Cuatro años más, según Trabajo, gracias al montante de la hucha de las pensiones. Aunque el reto que afronta el sistema está en el largo plazo, la crisis podría acelerar el uso del Fondo de Reserva. La caída de cotizaciones fruto del desempleo masivo (20% de paro en el segundo trimestre) está minando las cuentas del sistema. El secretario de Estado responsable, Octavio Granado, asegura pese a todo que la Seguridad Social mantendrá los números en negro tanto en 2010 como en 2011. No en vano, las de la Seguridad Social son las únicas cuentas del Estado que mantienen superávit.