Un turno de oficio mejorable
Los abogados denuncian el desorden en la aplicación del turno de oficio, dependiente de las comunidades autónomas, con demoras en el abono de las minutas (especialmente en Madrid) y el escaso control en la aprobación de los clientes que tienen derecho a acogerse a la justicia gratuita. La norma establece que disfrutarán de un abogado costeado con dinero público las unidades familiares cuyos ingresos no superen los 14.500 euros y las Administraciones han de controlar que los solicitantes cumplen esta premisa. Sin embargo, los colegios manifiestan que el permiso se demora (algunas ocasiones hasta un año) y que a veces los clientes disponen de recursos suficientes para pagar un abogado.
El uso del turno de oficio, que ha aumentado considerablemente con la crisis, es un derecho que democratiza la Justicia con garantías para todos los niveles de renta, y su desbarajuste es un síntoma más de un sistema judicial deficiente. Muchos de los casos tienen un claro contenido económico, especialmente en concursos y ejecuciones hipotecarias, lo que supone una rémora más para la competitividad de las empresas. La reforma de la Justicia es urgente, para lo cual es preciso coordinar las legislaciones y la gestión judicial de las Administraciones autonómicas.