1.390 trabajadores afectados

UGT cree que el ERE de Viajes Marsans supone su "cierre definitivo" y reclama responsabilidades

La Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT considera que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que afectará a 1.390 de los 1.446 trabajadores que componen la plantilla de Viajes Marsans supone "el cierre definitivo" de la compañía, por lo que reclama responsabilidades a los administradores, que "la han hundido sin un mínimo de culpa".

En un comunicado, el sindicato acusa a los actuales propietarios de Marsans, Posibilitum Business, de actuar como "sicarios" contratados por los anteriores dueños del grupo -el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio, Gonzalo Pascual- para "liquidar una de las más importantes empresas turísticas de este país".

A su juicio, el cierre de la empresa supone "una trágica situación" al "terminar con el sustento de 4.000 familias", mientras que "quienes lo han hundido no asumen ni una sola responsabilidad", amparados por "la palabrería y las buenas intenciones de una Administración Pública incapaz de impedir semejante atropello".

"Díaz Ferrán y Pascual están hoy impolutos, después de encadenar múltiples fracasos empresariales, como Air Comet, Seguros Mercurio o Marsans, que no les han pasado factura, ni siquiera en su patrimonio personal", denuncia el sindicato.

Sin embargo, fuentes de Posibilitum Business han asegurado a Europa Press que la aplicación del ERE de extinción no supone el fin de la actividad de Viajes Marsans, ya que "continúa pendiente de finalizarse la venta de algunos activos", lo que podría aportar fondos a la tesorería para "retomar poco a poco la actividad".

En este sentido, recuerdan que el pacto al que han llegado con los trabajadores les otorga "prioridad de contratación" ante la posible reapertura y recuperación de la actividad en las agencias, ya sea por la propia empresa o "por un tercero que adquiera total o parcialmente la sociedad o unidades productivas". ERE PARA TODA LA PLANTILLA.

El ERE de extinción acordado entre la empresa, los trabajadores y la administración concursal afectará a 1.390 trabajadores, que recibirán una indemnización de 32 días por año trabajado, por un máximo de 30 mensualidades, estableciendo un tope salarial de 70.000 euros.

Parte de la financiación del expediente provendrá del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el resto corresponderá a la masa concursal. Además, el ERE destinará un fondo de 1,9 millones de euros para el "personal de difícil colocación", como mayores de 50 años o trabajadores con discapacidad.