Vivienda recorta un 40% la ayuda al promotor para VPO en alquiler
Las subvenciones dirigidas a los promotores, para VPO en alquiler, se verán reducidas en un 40% según se incluye en el Plan Estatal de Vivienda presentado ayer por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. En él se incorpora también la supresión de las ayudas directas a la compra.
El Ministerio de Vivienda hizo públicas ayer las prioridades del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, adelantado la semana pasada por CincoDías. El recorte previsto, que rondará previsiblemente el 15% del presupuesto, prioriza el alquiler y la rehabilitación de vivienda protegida. A pesar de ello, las ayudas destinadas a favorecer la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) se verán menguadas en un 40%. Corredor explicó que "al principio esta línea necesitaba refuerzo porque encontraba difícilmente financiación privada" pero que actualmente "no es necesario este esfuerzo público" a pesar de ser una de las ayudas más demandadas.
Las comunidades autónomas se mostraron disconformes y preocupadas con los recortes anunciados. Así, si bien entienden la necesidad de ajuste en tiempos de crisis, avisaron de la importancia de flexibilizar las medidas para adaptarlas a las necesidades regionales. Consideran que cada comunidad al tener peculiaridades diferentes necesita políticas de vivienda específicas. Para ello, solicitarán en las reuniones bilaterales que mantendrán con el Ministerio sus exigencias para que los ciudadanos y los promotores se vean afectados lo menos posible. Además, las autonomías sostienen que los recortes suponen un retroceso de los derechos sociales. En esta línea, se pronunció Pere Macias, portavoz de vivienda del CiU. "Es incomprensible que se retiren fondos que van destinados a cumplir con el precepto constitucional de derecho a una vivienda digna, así como con la dinamización de la economía productiva y, en cambio, se sigan manteniendo los discrecionales cheques Zapatero", apuntó.
Entre las medidas que han causado mayor descontento se encuentra la eliminación de la reserva de eficacia ya que comunidades como Canarias o Aragón contaban con esta posibilidad para culminar los proyectos previstos. Por otro lado, también se ha criticado la eliminación de la ayuda directa a la compra pues consideran que ataca especialmente a los jóvenes. En esta línea, se pronunciaron los consejeros de Murcia, La Rioja, Asturias o Cataluña. También Extremadura ya que su política en materia de vivienda está muy orientada a incentivar la compra por encima del alquiler que es lo que priorizará el Gobierno.
Finalmente, Andalucía reprochó el recorte a las VPO por ser un gasto social que afectará considerablemente.
Menos subvenciones en el plan estatal
Fin de la ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) de una vivienda. En cambio se incrementa del 80% al 90% el porcentaje del valor de la vivienda de protección oficial que un beneficiario puede financiar a través de un préstamo hipotecario.
Compensación al Gobierno central por el pago de las nuevas ayudas con fondos ya transferidos en concepto de subvenciones cuyo destino aún no ha sido justificado al Ministerio. En total, se encuentran en esta situación 628 millones repartidos en las diferentes autonomías.
Supresión de la subvención a los promotores para la urbanización o adquisición del suelo.
Eliminación de la "reserva de eficacia". Se mantienen los objetivos convenidos con las comunidades pero no habrá presupuesto estatal adicional para aquellas que superen los objetivos básicos.
Rebaja de las subvenciones para la construcción de vivienda de protección oficial nueva en alquiler. El recorte para los promotores estará en torno al 40%.
No renovación de las subvenciones estatales para el mantenimiento de las ventanillas únicas. Sin embargo, se mantienen las oficinas de ayudas en la áreas de rehabilitación.
La opinión de los consejeros
Madrid
La consejera madrileña, Ana Isabel Mariño, pidió autonomía para poder decidir qué ayudas limitar. Así, reconoció que "si bien el gasto público debe ser recortado el Ministerio no puede imponer las líneas de actuación". Del mismo modo, consideró que es básico que las comunidades "tengan la competencia en materia de vivienda" para que "puedan adaptarse a las necesidades de los ciudadanos".
Andalucía
La consejera andaluza, Rosa Aguilar Rivero, mostró su disconformidad con alguna de las medidas propuestas por el Gobierno. De esta forma, advirtió que "no es bueno ni positivo que la vivienda protegida no se siga considerando como una política prioritaria", pues esta medida afectaría de manera considerable a Andalucía. Además, se mostró contraria a la eliminación de la reserva de eficacia y de la ventanilla única.
Extremadura
El consejero extremeño, José Luis Quintana Álvarez, avisó de la importancia de tener en cuenta las circunstancias territoriales. Por ello, expuso sus diferencias con el Plan de Vivienda. "Algunas de las ideas no son apoyadas como la desaparición a la ayuda a la vivienda", apuntó. En esta línea, explicó que esta medida se opone a la política seguida por la Comunidad para el fomento de compra de vivienda.
Cataluña
El consejero catalán, Francesc Baltasar, solicitó más flexibilidad de objetivos ya que la situación de cada comunidad es la que marca las diferencias. Así, se logrará que "el impacto sea minoritario", comentó. Adicionalmente, advirtió que "este recorte es un atentado muy importante, pues se puede entender una política de austeridad, pero no en este ministerio en el cual se tiene que buscar políticas sociales".