Una tabla de salvación para el mercado laboral
El debate parlamentario iniciado ayer sobre la reforma de la legislación laboral es una magnífica ocasión para salvar una reforma limitada y fracasada, en un país que necesita como agua de mayo una flexibilización y simplificación de la normativa del trabajo si quiere combatir con éxito la mayor tasa de desempleo de Europa. Los cambios timoratos introducidos por el Gobierno no facilitan la contratación, incluso la complican, y no aportan soluciones reales a la dualidad del mercado de trabajo ni abordan el coste del despido. Trabajo únicamente ha admitido trasvasar parte del coste de las rescisiones al Fondo de Garantía Salarial, pero de forma temporal, por entender que supone un alivio para las empresas, en un mecanismo único de incentivos al despido, difícilmente compatible con el incentivo a los contratos.
Es complicado que con la confrontación electoral en lontananza, tanto para Gobierno como para oposición, el precio del despido se afronte en las enmiendas con garantías de una modificación efectiva. Por ello las propuestas de PSOE y de PP son más técnicas que de profundidad. Sólo UPD y CiU han hecho planteamientos alternativos apreciables, y de las propuestas de esta última formación nacionalista es razonable esperar modificaciones en la norma, dada su situación de bisagra política en la actual geometría parlamentaria. Unión Progreso y Democracia volvió a plantear la única fórmula que durante los dos últimos años de debate se ha puesto sobre la mesa y que podría solventar, simplificando todo el proceso de contratación y despido, la mayoría de los corsés de la legislación laboral: el contrato fijo único con indemnización progresiva, que acabaría con la sobreprotección de los trabajadores más antiguos y con la precariedad que fustiga a los jóvenes.
Patronales, bufetes laboralistas y grandes empresas han tratado de corregir las condiciones genéricas por las que las empresas pueden recurrir al despido objetivo, abonando sólo 20 días por año de trabajo. A través de Convergència i Unió han propuesto algunas, como el absentismo intencionado. Pero CiU genéricamente envía a la negociación de los convenios la determinación de las causas de despido. Con ello pretende dejar en manos de quien mejor conoce la realidad de la empresa o sector tales decisiones, pero corre también el riesgo de hacer a los sindicatos árbitros de los ajustes de plantillas.
Las causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que recoge hoy el Estatuto serán así más explícitas; pero en la concreción está implícito el riesgo de que sean esas causas tan detalladas las únicas que los jueces consideren válidas para el despido, en la misma interpretación superficial de la norma que ahora les inclina a catalogar todos los despidos como improcedentes, y, por tanto, con 45 días de indemnización como coste del ajuste.
