Frente a la admitida en diciembre de 2008

La mayoría de la banca acreedora eleva su deuda con Martinsa

La mayoría de las entidades financieras acreedoras de Martinsa-Fadesa ha conseguido que los administradores concursales que supervisan el procedimiento por insolvencia les reconozcan que la inmobiliaria les adeuda cuantías superiores a las admitidas en diciembre de 2008.

Según el listado de acreedores, al que hoy ha tenido acceso Efe, 22 entidades financieras acreedoras de Martinsa-Fadesa han logrado que se les reconozca una deuda mayor con la inmobiliaria, que en total debe 6.905 millones a todos los acreedores.

La mayor entidad acreedora de Martinsa-Fadesa, Caja Madrid, se benefició con un incremento de su deuda del 3,2%, hasta 1.015,5 millones de euros, mientras que la segunda mayor acreedora, La Caixa, logró una mejora del 9,1%, hasta 746,9 millones de euros.

En tercer lugar con mayor volumen de deuda en Martinsa-Fadesa figura Caixa Galicia, que obtuvo un aumento del 6,7%, hasta 346,8 millones de euros por cobrar.

Después figuran el Banco Popular (344,9 millones de euros), Caixa Catalunya (334,6 millones), Morgan Stanley (332,6 millones), Bancaja y Banco de Valencia (278,4 millones), Banco Santander y Banif (217,1 millones), BBVA (195,5 millones) y CAM (155,5 millones).

Las entidades financieras acreedoras de Martinsa son fundamentales para sacar adelante el nuevo convenio de acreedores presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña para que la inmobiliaria supere el concurso voluntario de acreedores, previsiblemente a principios de 2011.

El convenio, al que ha tenido acceso Efe, da una opción para los acreedores que no deseen esperar hasta 10 años para cobrar su deuda y arriesgarse a obtener acciones de la inmobiliaria en vez de los importes adeudados.

En dicho caso, podrán cobrar el 30% del importe que les adeuda la inmobiliaria en un plazo de 5 años, aunque tendrán que renunciar al 70% restante.

Según las fuentes consultadas, la mayoría de la banca se acogerá a la segunda opción, que contempla la entrada en el capital de la inmobiliaria si ésta no abona su deuda en 10 años.