El nuevo pulso de los controladores
No se han extinguido los ecos del paro de Metro de Madrid, que secuestró la libre movilidad de los ciudadanos de la capital durante dos jornadas, obligaron a la empresa a cerrar sus instalaciones y convirtió a Madrid en un monumental atasco, cuando los 2.400 controladores ponen a prueba el transporte aéreo en las fechas con más movimiento de pasajeros del año, cuando se inician los viajes de vacaciones. Sin convocatoria de huelga que medie, los controladores mantienen vivo un conflicto con Fomento, que pretende reducir sus elevadas retribuciones, tanto con la ampliación de plantillas como con la racionalización de la carga laboral.
Tras el vencimiento del convenio que regula las relaciones industriales de los controladores, sigue abierta la negociación de un nuevo acuerdo, en el que la Administración no está dispuesta a ceder territorio a un colectivo que termina imponiendo sus criterios usando un poder de presión desproporcionado. En el último mes, sin recurrir legalmente a la huelga, ni forzar el trabajo a reglamento de una huelga de celo, los controladores han logrado que uno de cada dos vuelos que despegase o aterrizase en los aeródromos españoles lo hiciese con retraso. La estratagema utilizada en este caso ha sido el encadenamiento de bajas sin prescripción médica, utilizando excusas tales como depresión, estrés o ansiedad, pero que el Gobierno considera bajas simuladas e intencionadamente encadenadas para condicionar el tráfico aéreo. Difícilmente se puede proceder para combatir una huelga no convocada; pero Fomento tiene que recurrir a cuantos mecanismos tenga al alcance para determinar la intencionalidad de este encadenamiento de bajas, y para poner en marcha cuantos mecanismos les permita la ley para que no vuelva a ocurrir.
España necesita urgentemente una ley de huelga para combatir los comportamientos sindicales irresponsables, así como las reacciones desmesuradas de determinados colectivos corporativos que cuentan con un poder de presión que puede poner contra las cuerdas toda la actividad económica. Los últimos acontecimientos demuestran que ni siquiera los sindicatos controlan las demandas de determinados colectivos profesionales, y que no cabe esperar de ellos el gobierno racional de este tipo de conflictos.
En este caso, la imagen de España sale muy perjudicada, así como el desempeño de un sector como el turístico, cuando más necesidad de normalización tiene, tras dos años de ajuste de la demanda y en plena efervescencia de la competencia global. No es el mejor ejemplo entrar en el juego de alegalidades que proponen los controladores; pero Fomento debe mostrar más firmeza y determinación para dar carpetazo a un conflicto que acumula meses larvado y que rebrota cuando más daño hace a la economía de España, que está más en juego que nunca.
