Alierta defiende sus derechos
El fracaso de las negociaciones para solventar el conflicto entre Telefónica y Portugal Telecom por el control de la compañía de telefonía móvil brasileña Vivo ha superado la diplomacia para encarar el arbitraje. Telefónica ha puesto en manos de un prestigioso equipo de derecho corporativo holandés la liquidación del acuerdo que mantiene con la compañía portuguesa y que regula la creación, la propiedad (al 50%) y la gestión de Brasilcel, sociedad con sede en Holanda y dueña del 60% de Vivo. Telefónica ha considerado que no tenía ningún sentido prolongar la negociación con PT, dado que el bloqueo que ejercía el Gobierno de Lisboa con su acción de oro era irrenunciable.
Tal como ya ha fallado la justicia comunitaria, carece de sentido retener, con una antigualla societaria como la acción de oro, el supuesto carácter estratégico de un servicio como la telefonía en un territorio ajeno a tu Administración, como es el caso de Vivo en Brasil para el Ejecutivo luso. Pero la obstinación de Lisboa, que puede costar millones de euros a los accionistas de PT, no puede parar la legítima ambición de Telefónica de consolidar su negocio en Brasil, un país emergente donde se juega el futuro. Telefónica tiene que explorar cuantas vías estime oportuno para convertir Vivo, tras la fusión con Telesp, en el líder de las telecomunicaciones en Brasil.
