CiU quiere librar de las cotizaciones sociales durante dos años a las empresas que creen empleo
El grupo parlamentario de CiU ha presentado un paquete de propuestas en el marco del debate sobre el estado de la nación en las que plantea reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo para condicionarlas a la aceptación de una oferta de trabajo, así como liberar durante dos años del pago de cuotas sociales a las empresas que creen empleo.
CiU explica que vincular las prestaciones a la aceptación de ofertas sólo entraría en vigor cuando la recuperación permita volver a crear empleo, pero además aboga por potenciar las políticas activas.
Así, apuesta por introducir mientras tanto bonificaciones del 100% durante dos años en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas para todo puesto de trabajo que suponga "creación neta de empleo".
Igualmente, reclama un proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva -en caso de no incorporarse durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral- que permita una "mejor adaptación" a las pequeñas y medianas empresas y una "mayor vinculación" de los salarios con la productividad.
También exige que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional que otorgan a las comunidades autónomas la gestión de políticas de empleo, como debe ocurrir con la gestión de la totalidad de recursos del FORCEM destinados a formación continúa.
CiU pide asimismo un plan en colaboración con las comunidades para la recolocación de entre 100.000 y 150.000 personas en paro procedentes de la construcción, a través de programas de formación que les permitan ser contratados en sectores demandantes de mano de obra como por ejemplo los de rehabilitación, instalación energética, seguridad, turismo, dependencia, entre otros.
Complementos al Fondo de Garantía de Depósitos
CiU pretende además que el Gobierno adopte las "medidas necesarias" en el ámbito de la reestructuración del sistema financiero para garantizar su solvencia y capacidad de incrementar la liquidez de la actividad económica, especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
En este sentido insta al Gobierno a reducir los riesgos del sector inmobiliario en las entidades financieras y a facilitar la capitalización de las cajas de ahorro "con estricto respeto a las competencias" de las comunidades en esta materia.
Ante el debate europeo sobre las medidas a adoptar respecto el aumento de garantías del sistema financiero, CiU reclama que se refuerce el Fondo de Garantía de Depósitos, como instrumento preventivo en futuras crisis financieras, así como a estudiar la habilitación de un coeficiente que asegure el riesgo derivado de la financiación activa a largo plazo y la pasiva a corto plazo.
Además, urge al Gobierno a instrumentar la nueva línea de crédito ICO-morosidad para ayuntamientos prevista que las Cortes incluyeron en la Ley de Morosidad que el Congreso con el voto en contra del PSOE.
Cuenta tributaria para la exportación
Por otro lado, reclama priorizar las políticas industriales de apoyo a la internacionalización y a la exportación, creando una cuenta corriente tributaria para las empresas exportadoras, con el fin que puedan compensar sus impuestos con los saldos de IVA acreedores.
Asimismo, reclama que se exima a las actividades de I+D+i de los obligados recortes presupuestarios aplicados en el contexto de las políticas de austeridad que se derivan de los programas de estabilidad y ampliar las deducciones en I+D+i.
En materia energética, CiU quiere que se finalicen los trabajos desarrollados por la subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años antes de finalizar el mes de julio e insta al Gobierno a asumir, en su integridad, las conclusiones que se alcancen par alcanzar un 'mix' que no excluya ninguna posible fuente.
Suprimir sucesiones
Asimismo, reitera su negativa a cualquier subida de impuestos y reclama al Gobierno que exima del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las transmisiones a favor de familiares directos, para lo que también deberá compensar a las comunidades autónomas "en aplicación del principio de lealtad institucional", ya que se trata de un impuesto transferido a las autonomías.
Asimismo, reclama al Gobierno que exima del pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones las transmisiones a favor de familiares directos, para lo que también deberá compensar a las comunidades autónomas "en aplicación del principio de lealtad institucional", ya que se trata de un impuesto transferido a las autonomías.
La federación catalana reclama también el "reajuste" del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, con el fin de propiciar la existencia de un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler, de manera que las comunidades autónomas que hayan agotado las dotaciones destinadas a construcción de vivienda en régimen de alquiler puedan incrementarlas.
Moratoria para CC AA y Ayuntamientos
Por otro lado, pide que se establezca una moratoria para el año 2011 en el reintegro de las liquidaciones definitivas a favor del Estado del sistema de financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos de los ejercicios 2008 y 2009. Estos últimos, deberán ver cómo el proyecto de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local se presenta antes de finales de 2010.
Por último, exige que en el Presupuesto de las Cortes Generales para el año 2011 se incluya una dotación presupuestaria suficiente para "desarrollar adecuadamente" la nueva Oficina Presupuestaria de la cámara, para que pueda empezar a funcionar en el primer trimestre del año 2011.