El PP pide recortar en 20.000 millones el gasto público en 2011 y 'descongelar' las pensiones
El Grupo Popular en el Congreso registró hoy quince propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación en las que reclama, entre otras cosas, unos Presupuestos Generales del Estado "realistas y austeros" que sirvan para salir de la crisis que incluya una reducción del gasto no financiero en términos homogéneos de al menos 20.000 millones para 2011, con respecto a la previsión de cierre de este ejercicio, pero sin subir ninguna figura impositiva y dando, además, marcha atrás en la congelación de las pensiones prevista para el próximo año.
El PP insta a reducir el "gasto superfluo e improductivo", reduciendo el Gobierno pero sin recortes "injustos" en gastos sociales esenciales como las pensiones y las ayudas a dependencia, "blindando" el Estado del Bienestar de forma que el Ejecutivo no vuelva a tomar decisiones en estas materias sin consultar al Parlamento y al Pacto de Toledo. Recuperando también las ayudas anuales por hijos menores de tres años.
Los 'populares' exigen además que la reducción del gasto no perjudique a las inversiones productivas, en especial las de las infraestructuras, para las que deberán fijarse "criterios objetivos y estables" que eviten "discriminaciones claramente políticas" en los recortes, que el Ejecutivo deberá concretar en un mes.
En materia fiscal, plantea además que el Estado compense el retraso en la devolución del IVA a autónomos y pymes mediante descuentos en otros impuestos, a través de una cuenta tributaria para que dejen de ser los "acreedores" de la "morosidad fiscal" del Estado, así como que "de una vez" se pongan en marcha los mecanismos para evitar que tengan que pagar el IVA de facturas aún no cobradas.
Además, entre otras medidas de corte tributario, vuelven a pedir que a este colectivo se le aplique una rebaja de cinco puntos en el Impuesto de Sociedades y que en el plazo de un mes 30 días se ponga en marcha la línea ICO para cubrir la morosidad de los ayuntamientos que hace unas semanas incluyó el Congreso, con el voto en contra de los socialistas, en la Ley de Morosidad.
Calendario exhaustivo de reformas
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría explicó en rueda de prensa que su propuesta contempla un "programa reformista y regeneracionista" que atiende a las "principales necesidades" de los españoles y que espera que el Gobierno "atienda y cumpla" en todos los ámbitos, desde la reforma del Gobeirno, la banca, el sectro energético y el turismo.
Así, los 'populares' plantean, "ante la falta de ideas" del Ejecutivo socialista, lo que llaman un "calendario exhaustivo de reformas" que se centran en la reforma de las administraciones públicas para "evitar solapamientos", fijando techos de gasto para cada una de ellas, así como una política fiscal que "garantice la estabilidad presupuestaria".
También quieren, tras la reforma de la Ley de ârganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA), "completar" la reestructuración del sistema financiero "de forma urgente" para que fluya el crédito, una modernización de las relaciones laborales con un plan de empleo joven, y un plan industrial para mejorar la unidad de mercado.
Reconsiderar el cierre de Garoña
En materia energética, el PP quiere llevar al Pleno las propuestas que negocia en estos momentos de manera unilateral con el Gobierno, centrándose en exigir un modelo energético "eficiente, competitivo y sostenible" revisando los costes para evita, ante todo, la subida de las tarifas y peajes, "reconsiderando" además la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
Además, quieren una reforma de los organismo reguladores como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para garantizar su independencia e impulsar su 'despolitización'. "Lo que hemos reclamado en la LORCA lo queremos hacer con los reguladores ahora", explicó Sáenz de Santamaría.
Por último, exige que se negocie en Bruselas que la adjudicación de los nuevos fondos comunitarios en base a criterios de tasa de paro y brecha tecnológica para que España deje de ser el "farolillo rojo" en estas materias. Asimismo reclama apoyo al sector lácteo, que se negocien las ayudas a la pesca, agricultura y política pesquera, así como que se revisten los acuerdos con Marruecos y Mercosur para que no "perjudiquen a los productores nacionales".