Reforma de la Ley

Los políticos tendrán un plazo máximo de tres años para abandonar las cajas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró hoy que la salida de los cargos electos de los órganos de control de las cajas de ahorros se efectuará en un plazo máximo de tres años, pero matizó que los representantes de las comunidades autónomas seguirán presentes en una comisión de obra social sin influencia sobre la actividad financiera.

La ministra de Economía, Elena Salgado.
La ministra de Economía, Elena Salgado.

"Se permite un tamaño del consejo de administración que, transitoriamente, pueda ser mayor a efectos de poder hacer una transición ordenada", declaró Salgado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobó el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de ârganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

Sin embargo, Salgado afirmó que los representantes de las CC AA "van a seguir estando presentes" en las cajas de ahorros con su participación en la comisión de la obra social, órgano que establece, primera vez el Real Decreto aprobado, y que "no tiene influencia sobre la actividad financiera".

En cuanto a la entrada en los órganos de administración de los representantes de las cuotas participativas, Salgado señaló que las emisiones de estas cuotas "serán graduadas" de acuerdo "con la voluntad de la propia caja", y que, además, los actuales órganos de administración "podrán hacerlo en el momento que deseen y con la carencia que deseen".

"No habrá un cambio de un día para otro, sino que se establece un periodo de transición", resumió Salgado, quien explicó que la Ley establece que el cambio se produzca a medida que se van terminando los mandatos actuales con un límite máximo de tres años.

Además, la ministra de Economía apuntó que, en caso de que el capital privado llegue a ser superior al 50%, "la caja pierde su naturaleza, salvo una situación transitoria que está prevista en el FROB y que se deriva de su intervención".

En este caso de intervención, Salgado explicó que la Ley establece como autoridad de tutela con poderes limitados al Ministerio de Economía y Hacienda "tanto si el cambio procede de un SIP como si es la fórmula fundación-banco, como si es la fórmula caja-banco".

Por último, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que en el debate sobre el estado de la nación de los próximos 14 y 15 de julio, el Gobierno "tratará de buscar un mayor número de acuerdos para que las reformas salgan adelante" con el objetivo de "afrontar la parte final de la crisis, en la que ya estamos". ermación en fundación.