Antonio Hernández-Gil. Decano del Colegio de Abogados de Madrid

"Nos preocupa la demora en desarrollar la Ley de Acceso"

Ha compaginado docencia y ejercicio de la profesión con la presencia en consejos de compañías. El actual decano de los abogados de Madrid es autor también de varias monografías.

"Nos preocupa la demora en desarrollar la Ley de Acceso"
"Nos preocupa la demora en desarrollar la Ley de Acceso"

Los estudiantes de Derecho se encuentran en un momento crucial de sus carreras. La nueva Ley de Acceso a la Abogacía originará nuevas reglas para ejercer la profesión. En ella ha participado el decano de los abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, quien se muestra satisfecho con el texto aunque no tanto con los tiempos.

¿Cuál es el cambio más importante que aporta esta norma?

El más destacado es que hoy un graduado en Derecho que ha finalizado sus estudios sólo se tiene que inscribir en un colegio para poder ejercer. Sin embargo, en Europa existe una regulación que exige un proceso de formación adicional. La Ley de Acceso a la Abogacía responde a esto. Obligará al estudiante a pasar por un periodo formativo. Por el número de créditos que se va a establecer, 60 para formación no práctica y 30 para la práctica, supone en términos de horas lectivas un año y medio. Después, el alumno deberá pasar un examen de ámbito nacional, cuyo desarrollo se relega al reglamento.

¿Qué les parece el contenido y cuándo creen que entrará en vigor?

Debería entrar en vigor el 30 de octubre de 2011, pero nos preocupa la demora porque ni siquiera tenemos el reglamento, que es el primer paso. Al margen de eso, hemos tenido una buena relación con el Ministerio de Justicia, donde ha habido mucha interlocución y donde se ha tenido en cuenta a la abogacía en los aspectos de contenido.

¿Cómo se ha compaginado esta ley con la reforma de Bolonia?

Es parte de nuestro problema. Como la Ley de Acceso a la Abogacía se ha demorado tanto, ha coincidido con la reforma de Bolonia, y esto ha complicado las cosas. Porque ambos cambios inciden en los mismos ámbitos y afectan a los mismos sujetos y no están coordinadas.

¿Cree que lo conseguirán?

No me parece imposible, pero hay que tener en cuenta que el último texto de borrador de reglamento ha dejado para una orden conjunta del Ministerio de Justicia y Educación el tipo de materias que debe incluir este proceso. Después de eso, hará falta que universidades y colegios profesionales firmen convenios. Las escuelas de práctica jurídica, que dependen de los colegios de abogados, podrán participar en estos procesos, pero además serán los colegios quienes deban garantizar las prácticas. Asegurar que hay un esquema de organización de prácticas que permite satisfacer la demanda en lugares como Madrid es muy complicado. A eso se suma que de los convenios saldrán los cursos de formación, cada uno con un plan de estudios y esos planes deberán ser homologados por Justicia y Educación.

Este tipo de actuaciones reflejan la importancia de los colegios, ¿qué le pareció la crítica de Competencia?

La justificación de los colegios profesionales no puede ser sólo la tutela de los intereses de los colegiados, sino del interés general. En este colegio de abogados llevamos comprometidos y empeñados con el interés social desde siempre y es lo que justifica la colegiación obligatoria, como lo demuestra la gestión que hacemos en la justicia gratuita. También otros puntos que tenemos en común con el resto de colegios profesionales, como el control deontológico o la formación que impartimos cada año a más de 7.000 abogados, entre otros.

¿Cómo ve el recorte a la justicia gratuita que pretende la Comunidad de Madrid?

Vivimos una situación preocupante en el turno de oficio por falta de atención a la importante labor social que realizan 4.500 abogados. El baremo, por el que se establecen las compensaciones o remuneraciones de los abogados del turno de oficio en Madrid, está desde el año 2003 sin modificarse. Otra reivindicación histórica es la secuencia de los pagos. La Comunidad de Madrid paga extraordinariamente tarde, pero más que todo esto nos preocupa que en esta situación económica el ajuste se haga contra el derecho. Se mire como se mire, esto significará que habrá menos ciudadanos que tengan acceso a la justicia gratuita.

¿Han hecho un cálculo de la repercusión de un recorte de este tipo?

Entre turno de oficio y asistencia al detenido hacemos unas 750 designaciones de abogado cada día. El presupuesto que destina la Comunidad de Madrid es de 50 millones al año, pero con todo mi respeto, creo que el servicio prestado vale socialmente mucho y no se aprecia lo suficiente. Un abogado de turno de oficio debe reunir una serie de requisitos (tiempo en el ejercicio profesional, formación...), pero la adscripción es voluntaria. Por tanto no creo que esté en juego el número de abogados.