Rafael Cámara. Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)

"La nueva ley pone en valor la labor del auditor"

España ya cuenta con una nueva Ley de Auditoría, tras transponer con dos años de retraso la VIII Directiva europea. Según Cámara, se ha realizado de una manera "fiel". El resultado es una norma "neutra", que "mantiene el statu quo entre servicios profesionales"

"La nueva ley pone en valor la labor del auditor"
"La nueva ley pone en valor la labor del auditor"

La nueva ley, aprobada el pasado 17 de junio por el Congreso y pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -algo que ocurrirá en breve-, "amplía el abanico de obligaciones" de los auditores y muestra "confianza" en su papel, dice Cámara.

¿Cómo valora la nueva Ley de Auditoría?

"En este momento, el sector no está bajo la crítica de nadie, sino que aportamos soluciones"

Por fin España cuenta con una regulación de la auditoría homologada con Europa, tras 22 años en los que ha estado descontextualizada del escenario europeo. Y lo va a estar de la mejor manera posible, que es con el máximo consenso y unanimidad. En este momento, es absolutamente imprescindible que quienes tienen que dar seguridad a la información financiera estén bien regulados, homologados y de forma indiscutible.

¿Responde a las necesidades del sector?

Sí, transpone de una forma fiel, aunque un poco tarde, la regulación europea y lo hace de una manera consensuada, satisfactoria, que impide que nadie discuta el rol de la auditoría por una deficiencia regulatoria.

¿Qué impacto tendrá?

Las entidades van a percibir que la única forma de acreditar seguridad de la información es a través del trabajo de un auditor. La ley pone en valor la labor del auditor. Las compañías, las entidades, los reguladores y los supervisores no conciben la seguridad del mercado financiero sin los auditores. El segundo efecto es de llamada. Los auditores, desde 1988, hemos hecho auditoría de cuentas anuales, pero cada vez nos llaman más para otras cosas que tienen que ver con la seguridad en aquellos movimientos en los que se pueda percibir una cierta fragilidad. Por ejemplo, evitando la existencia de saltos en el vacío en la información financiera, con la necesidad de que se auditen semestralmente las cuentas de las cotizadas; que para que se eviten prácticas de blanqueo de capitales sea preciso que haya un experto independiente que revise los controles internos de la compañía; que la CNMV exija a los auditores internos de las empresas que establezcan un procedimiento que garantice unos adecuados controles internos o los informes sobre los activos deteriorados que también debe hacer un auditor. Se amplia el abanico de obligaciones.

¿Están de acuerdo con la incompatibilidad entre abogacía y auditoría?

Sí, porque es una ley neutra. Mantiene el statu quo entre servicios profesionales, que están obligados a jugar bajo las reglas de mercado. Los auditores siempre hemos tenido claro que cuando se produce un conflicto de intereses no se puede intervenir, por una cuestión de incompatibilidad, pero igualmente tenemos muy claro que las entidades tienen derecho a elegir entre los oferentes de servicios profesionales. Eso lo hace la ley de una forma plenamente alineada con la recomendación de independencia de la UE en materia de servicios de abogacía.

¿Lo mismo en el asunto de las sanciones y responsabilidades?

En responsabilidades se ha avanzado en cuanto a homologación. España era el único país de la UE donde el auditor respondía ilimitadamente de lo que hubiere hecho o no con respecto a sus clientes. La responsabilidad tiene que ser proporcional según la UE. En España estaba prácticamente objetivada la responsabilidad del auditor. Además, está el asunto del deep pocket, es decir, parece que las auditoras cuentan con un inmenso bolsillo para pagar indemnizaciones, algo que no es cierto. La responsabilidad ilimitada a quién más perjudica es a quién tiene vocación de crecimiento o por hacer auditorías fuera de España. La ley incorpora la responsabilidad proporcional y directa. Por otro lado, se han rebajado las sanciones de una forma sensible, por debajo de las establecidas en 1988. Esto significa una confianza en el papel del auditor en los últimos años. El Gobierno ha llegado al convencimiento de que el régimen sancionador debe tener como objetivo la eliminación de las malas prácticas profesionales, no la eliminación del auditor. En este momento los auditores no estamos bajo la crítica de nadie, sino que aportamos soluciones.

¿Puede fomentar una mayor concentración del sector?

Lo hemos resuelto. En el proyecto de ley había algunos elementos que podían sugerirlo. Otro punto era el no establecer en España dos ligas. El Gobierno había presentado un proyecto en el que esto se podía producir: los auditores de entidades de interés público y el resto. En una enmienda en el Senado se ha dejado para otro momento. Para eso tendremos tiempo durante el desarrollo del reglamento.

"Espero que los auditores puedan trabajar en el extranjero"

¿Hay alguna reivindicación pendiente?

Una relacionada con el sistema de supervisión. Algo que también ocurre en el mundo. El Gobierno hizo una propuesta hace tres años de modificación de la supervisión. Aquí nos queda por avanzar pero, con el perfil actual del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), es más fácil solucionar la falta de armonía con respecto a la UE. Hemos encontrado un regulador exigente que habla el mismo lenguaje con los auditores. Esta cuestión se podrá resolver en el futuro.

¿Ha perturbado la llamada enmienda antiblindaje?

Enormemente, sobre todo los trabajos de la Comisión de Economía del Congreso, lo que hizo que el resultado del proyecto quedase muy deficiente. Se politizó esa Comisión, pero en la ley final no ha tenido repercusión.

¿Ha perjudicado al sector el retraso?

No, sino que nos ha fortalecido a todos. Un retraso nunca es bueno por definición, pero se nos plantearon en este tiempo algunos borradores que no eran asumibles desde la homologación europea. El retraso ha servido para que la profesión se uniese.

¿Qué supondrá la homologación con Europa?

Una normalización: que un auditor español esté en las mismas condiciones de competencia.

¿Qué es lo que queda ahora?

Hacer mucha formación. Los auditores deben ser conscientes de que cuando firman un informe de auditoría están dando una seguridad razonable de que la información que dan es fiable y esto es una clave de la recuperación económica. Espero que los auditores españoles puedan trabajar donde antes no lo hacían, por ejemplo, en el extranjero. Es verdad que hay una concentración del mercado de auditoría, pero también es cierto que la regulación lo permitió. Ahora, con la crisis somos más requeridos que nunca.

¿Qué esperan de la Ley de Economía Sostenible?

Que se tramite. El gran ausente de la auditoría y de la supervisión es el sector público. La ley resolvería esta asignatura pendiente.