Portugal endurece el desafío a Telefónica con una férrea defensa a su derecho de veto
Ni una palabra de disculpa o titubeo. Tampoco un intento de tapar lo sucedido. El primer ministro luso se mostró ayer desafiante en su defensa del veto a Telefónica en la venta de Vivo. Portugal no renunciará a luchar por los intereses del país: "Si alguien no lo sabía, ya lo ha aprendido", afirma Sócrates.
Telefónica y el mercado confían en un rápido desenlace del veto ejercido el miércoles por el Gobierno portugués a la venta de Vivo por parte de Portugal Telecom. El respaldo de los accionistas en la junta fue abrumador y la acción de oro utilizada es considerada ilegal por la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia falla el próximo día 8 sobre la golden share. Se espera que la condene y la estrategia de Telefónica pasa por usar esa sentencia para obviar el veto y conseguir el respaldo del consejo de PT a la venta de Vivo. Por eso decidió en la noche del miércoles prolongar hasta el 16 el plazo dado a Portugal Telecom para aceptar la oferta por la operadora brasileña Vivo.
Pero el Gobierno portugués no dio ayer signos de tener intención de rendirse, más bien todo lo contrario. Durante la celebración de la junta hubo un desconcierto general sobre si el Ejecutivo luso había querido ejercer efectivamente el veto o si sólo fue una interpretación del presidente de la asamblea.
José Sócrates, primer ministro de Portugal, se encargó ayer de aclararlo. En un artículo publicado en el diario Público, el periódico luso de referencia, el alto cargo no deja lugar a dudas. "El Gobierno -por lo menos este Gobierno- no renuncia a ninguno de los instrumentos disponibles para defender los intereses estratégicos de Portugal. Si alguien no lo sabía, ahora ya lo ha aprendido".
En su escrito, Sócrates se defiende punto por punto de las críticas vertidas el miércoles contra su actuación. Desde el título -"ningún atropello a los derechos de los accionistas"-, hasta la última línea encaran de forma directa la polémica internacional desatada por su movimiento.
"PT es una empresa muy importante para el país. Y la participación en Vivo es un activo estratégico de éxito en el mercado brasileño", escribe. "Por eso, comprendo muy bien el interés de Telefónica en comprar una empresa tan buena como Vivo, tal como comprendo los intereses financieros de los accionistas de PT de obtener ganancias a corto plazo", añade.
Y entonces llega el desafío: "Pero al Estado portugués no le compete defender los intereses de las empresas españolas ni los intereses financieros a corto plazo, sino los intereses estratégicos del país".
Sócrates también niega que se haya ido en contra de los accionistas. "Nadie ha atropellado los derechos legítimos y comprensibles de los accionistas. El Estado se limitó a no permitir que sus intereses fueran despreciados e ignorados".
Por último, aparece la defensa contra la acusación de que la acción de oro no era válida para la materia tratada en la junta del miércoles. La decisión, dice Sócrates, se tomó "en el marco de los estatutos de la empresa, que siempre han sido reconocidos por todos los accionistas".
El primer ministro luso sólo dejó de referirse a una única cuestión: el conflicto con Europa. En todo caso, el escrito de Sócrates parece un desafío a cualquier decisión que tome la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia europeo. Los países miembros suelen tomarse su tiempo para ajustar sus legislaciones a los mandatos de Bruselas y todo apunta a Portugal no lo hará de forma rápida.
Esa actitud podría retrasar los planes de Telefónica de hacerse con Vivo, aunque el apoyo abrumador de los accionistas de PT deja claro que lo conseguirá antes o después.
BES aconseja esperar
Una de las mayores sorpresas de la junta del miércoles fue el voto a favor de la venta de Vivo de Banco Espírito Santo, uno de los miembros más activos del núcleo duro luso de PT. Tras el veto, el BES recomendó a Telefónica esperar a que hable la UE para repetir la oferta.
Zapatero se quita de en medio y apela al diálogo
El Estado portugués ha recibido la condena unánime de la banca de inversión, de Bruselas y de los medios nacionales e internacionales. Pero no de España, el país donde Telefónica tiene su sede. El miércoles, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, definió el veto como una "decisión soberana" y ayer fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien mostró su tibieza ante la actuación de Portugal."Espero que se produzca la sustanciación de esa cuestión empresarial por los términos del entendimiento y del diálogo", señaló ayer, en unas palabras que muestra su intención de tomar distancia del conflicto, ya que lo considera empresarial.El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confió, durante una entrevista en la Cadena Ser, en que sean las instituciones europeas las que consigan que estas situaciones no vuelvan a repetirse.