A fondo

El esperpento de la tarifa eléctrica

Tras varios meses de reuniones con los representantes de las empresas de energías renovables para lograr un acuerdo sobre el recorte de las primas que cobran vía tarifa, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, recibió a principios de la semana pasada un jarro de agua helada desde Moncloa. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presionado y alarmado por los bancos, con los que había mantenido una reunión previa, envió a Sebastián una consigna: los recortes de las primas sólo se aplicarán a inversiones futuras pues, así lo entendieron en el ministerio, una rebaja retroactiva actuaría como un cuchillo sobre la burbuja financiera en la que vive el sector, léase fotovoltaico, que se llevó el año pasado 2.600 millones de euros de los 6.200 millones del total de primas del régimen especial.

Con una financiación ligada a esta suculenta retribución (projet finance), muchas de las instalaciones han sido vendidas y revendidas en un proceso especulativo que, por el camino, se ha comido la prima. Hasta tal punto que, según los datos que manejan las entidades, el margen de los nuevos propietarios es ya tan reducido que la banca (que tiene créditos por 15.000 millones con este sector), ante el temor de impagos en cadena, ha apelado directamente a Moncloa.

El ajuste de las primas fotovoltaicas propuesto por Industria (unos mil millones respecto a 2009) es una de las pocas vías efectivas para evitar las colosales subidas de tarifa necesarias para cubrir estos costes y la abultada deuda del déficit que los consumidores mantienen con las eléctricas: 20.000 millones que se paga de forma aplazada y con intereses. Un pozo cuyo fondo se tocará en 2013, si nuevos desvaríos políticos no lo impiden.

La no revisión tarifaria tendrá consecuencias jurídicas imprevisibles

En este punto, el razonamiento resulta sencillo: si no hay recorte de primas (o de otros costes), las tarifas de acceso o peajes (que son las que financian estas subvenciones y la hipoteca del déficit) deberían subir incluso por encima de lo previsto en la orden para su revisión en julio que Industria remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE): un 10% para las domésticas y un 5% para la industria en horas punta. Sin embargo, el jueves pasado, con su inagotable capacidad para alborotar al sector, el titular de Industria anunció por sorpresa una medida popular, pero contraria a la razón económica o legal: la no subida de la tarifa propuesta en julio. Una medida "improvisada", según fuentes del grupo parlamentario socialista, que se lamentan de haberse enterado de la misma por los medios de comunicación.

En el entorno del Gobierno la decisión se interpreta como "una huida hacia adelante" del ministro de Industria tras el fiasco de las renovables. En dicha huida, y bajo el disfraz de un pacto energético hueco y trillado, Sebastián ha encontrado un cómplice necesario, el Partido Popular, o más exactamente a Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, que sólo han visto en la invitación una oportunidad electoral (no en vano el PP fue el inventor de la congelación tramposa de tarifas, cuyas subidas no se perdonan, sino que se aplazan con intereses), pero no así la gravedad de la decisión para empresas y consumidores. El PP se presenta así como un partido dispuesto a dialogar con el Gobierno, a sabiendas de que el pacto energético es un papel mojado en el que se diluyen propuestas a muy largo plazo sobre el mix de generación; medidas poco relevantes en el corto plazo y otras de relleno que ya están en marcha. La única petición concreta de Montoro (que no se cierre la central de Garoña, propiedad de Endesa e Iberdrola), bien podría volverse en su contra a la vista del profundo malestar manifestado por los presidentes de ambas empresas por la congelación pactada de la tarifa y el no recorte de primas.

Si dicho recorte produce inseguridad jurídica, ¿qué producirá la revisión en profundidad de los costes del sistema eléctrico anunciada por Sebastián y Montoro? De momento, los analistas han recomendado a los inversores que "eviten" a las eléctricas españolas. Pese a la satisfacción de las organizaciones de consumidores, el esperpento tarifario tendrá serias consecuencias que pagarán los clientes.

Aunque Industria no está obligada a revisar las tarifas cada semestre, la norma sí exige que sean aditivas. Sólo la indeterminación que existe en estos momentos sobre algunos componentes de costes e ingresos de la tarifa de acceso justificaría su "no revisión", tal como han reclamado varios consejeros de la CNE, que se han opuesto también a la subida. Pero esta posición, claramente en defensa de la norma y los consumidores, nada tiene que ver con la del Gobierno, cuyas consecuencias jurídicas son imprevisibles al colocar a la tarifa en la frontera de la ley.

Porque lo realmente grave, según los expertos, es que la decisión se tomará después de celebrada la subasta Cesur, que es la que determina la tarifa de último recurso (TUR) con la que los 22 millones de consumidores domésticos pagan el coste de la energía y que no se aplica a los grandes clientes, que acuden al mercado libre a comprarla. Unos y otros pagan, no obstante, la de acceso, por lo que la tarifa final de los domésticos es una fórmula mixta entre el peaje y el precio de la Cesur. Esta puja determinó una subida del 4,2% que, al no aplicarse en julio, Industria deberá sumar (y con intereses) a la que resulte en enero. Otra interpretación es que el resultado de la subasta, con la fuerte subida de la tarifa derivada de la misma y la inevitable del IVA, asustó al Gobierno. Una pésima noticia para las comercializadoras del mercado libre, que no podrán competir con el precio de la energía de una tarifa no revisada y rechazan que se haya hecho en aras de un pacto que incluye la prolongación de la vida de una central nuclear que beneficiaría a dos empresas.

Dicho lo cual, y para ser justos, las críticas al Gobierno deberán ser retiradas humildemente si, finalmente, Sebastián y Montoro logran pactar la "revisión en profundidad de los costes del sistema eléctrico" anunciada de forma ostentosa. Aunque vías no faltan, como la recuperación de los CTC cobrados de más o la eliminación del beneficio extra de la nuclear y la hidraúlica puntadas por la CNE, éstas se presumen políticamente imposibles a la vista del frustrado recorte de primas. ¿Acaso éste no suponía ya una revisión profunda de los costes?