El camino hacia la sostenibilidad fiscal
A partir del 1 de julio entra en vigor el incremento de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido. El tipo general queda en el 18% y el reducido en el 8%. Esta medida fue aprobada por las Cortes en diciembre de 2009. En aquel momento, la propuesta suscitó una considerable polémica tanto en el ámbito político como en el económico. Se discutió la necesidad de la medida, el momento de adoptarla y su progresividad. El desarrollo de los acontecimientos ha superado aquel debate y me atrevo a aventurar que el conjunto de la sociedad ha asimilado la necesidad del ajuste.
La política fiscal, ya desde entonces, está centrada en reducir un déficit público que no es sostenible. La necesidad de reducir el déficit era ya obvia hace un año. Ahora ha quedado claro que reducir el déficit también es urgente. Las dificultades que encuentran para financiarse el Estado griego y, en distintos grados, otros países de la zona euro, nos obligan a acelerar el saneamiento de las cuentas públicas.
Conseguirlo requiere una combinación de menos gasto y más ingresos públicos. Con una economía todavía débil y que necesita ganar competitividad, la mayor parte del ajuste tiene que venir por el lado del gasto. Pero, con una presión fiscal en mínimos históricos y muy por debajo de la media europea, también es razonable apostar por un aumento, aunque sea moderado, de nuestros ingresos impositivos para ayudar a reducir el déficit público. Dada la magnitud del déficit, resulta no sé si inocente u oportunista defender que se puedan alcanzar nuestros objetivos -el 6% en 2011 y el 3% en 2013- sin realizar ninguna subida de impuestos o incluso bajándolos.
En términos cuantitativos, el incremento de los ingresos derivado de las medidas ya adoptadas supondrá un 1,3% del PIB. El resto del ajuste que debe realizar la Administración central entre 2010 y 2013 se llevará a cabo a través de una reducción de los gastos del 3,5% del PIB. En esta línea, los recortes de gasto aprobados el 20 de mayo suponen un ahorro para todas las Administraciones en 2010 y 2011 de 15.250 millones de euros, un 1,5% del PIB. Asimismo, el Plan de Revisión del Gasto de la Administración General del Estado reduce en aproximadamente 23.000 millones el gasto público entre 2011 y 2013.
Ahora que casi todos los países de nuestro entorno han planteado sus propias estrategias de consolidación fiscal, puede apreciarse que el planteamiento que hizo España con cierto adelanto está en línea con el resto. Y concretamente, aquellos países que, como España, tienen una imposición indirecta relativamente reducida, también han anunciado distintas subidas del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sirva de ejemplo el Reino Unido. Como resultado, España va a continuar, a pesar de la subida, teniendo uno de los tipos de IVA más bajos de la Unión Europea.
Respecto al momento idóneo para modificar el IVA, tanto por su entrada en vigor como por su anuncio anticipado, el tiempo también nos ha dado la razón. Actualmente, resulta evidente que la sostenibilidad de las finanzas públicas es un elemento esencial para recuperar la confianza y consolidar la recuperación económica. Finalmente, este debate también puede reexaminarse ahora con más información. Planteamos entonces que era adecuado anunciar ya el aumento del IVA, para así generar credibilidad y confianza en nuestra economía, y esperar a aplicarlo hasta que empezase la recuperación. Efectivamente la economía real ha mejorado muy notablemente desde septiembre y eso permite ir adelante con esa estrategia. El impacto negativo que el incremento de tipos pudiera tener sobre el consumo o la inversión nacional será reducido, debido esencialmente a que nos encontramos ante un escenario de contención de precios. Además, este efecto se verá compensado por el impacto positivo sobre la confianza de los agentes económicos que supone comprobar el compromiso del Estado español con la sostenibilidad de las finanzas públicas. El momento en el que efectivamente entra en vigor el incremento de tipos no puede ser más oportuno y lejos de perjudicar la recuperación económica, supondrá, en todo caso, una ayuda.
Carlos Ocaña. Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos