Pacto para revisar el modelo energético

El Gobierno y el Partido Popular (PP) han conseguido llegar a un acuerdo para la revisión y reforma "profunda" conjunta de todo el sistema eléctrico. Por esta razón, el Ejecutivo ha decidido congelar el monto del recibo de la luz, que previsiblemente iba a subir en julio.

Pacto político histórico en materia energética. El Gobierno y el Partido Popular acordaron ayer congelar la previsible subida del recibo de la luz del próximo mes de julio para buscar "una revisión profunda del sistema eléctrico", orientada en un primer momento a analizar y reformar los costes de este sistema. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, no descartó, sin embargo, que la luz no vaya a subir en el futuro. "Una vez revisados los costes, ya hablaremos de ingresos del sistema, pero lo lógico es ponerlos por detrás de los costes", señaló el ministro, que acudió ante la prensa acompañado del portavoz de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro.

Sebastián justificó la decisión de congelar la tarifa en que "la situación lo exige". Recordó que la energía es "un factor fundamental" para el "bienestar de los ciudadanos" y para "la competitividad" de las empresas. "Por tanto, en la actual situación económica tiene que servir de palanca para el crecimiento de la economía, la recuperación y la creación de empleo", consideró.

Los grupos políticos trabajarán sobre el marco presentado por el ministerio de Industria el pasado mes de abril durante los llamados Pactos de Zurbano, que buscaban acuerdos políticos para la salida de la crisis y entre los que se incluyó una propuesta de mix energético para 2020, entre otras medidas. "La voluntad del Gobierno es hacer de la energía un asunto de Estado, con el consenso de todas las fuerzas políticas lo antes posible y sin líneas rojas", afirmó el ministro.

Sebastián recordó que llevan proponiendo un pacto desde septiembre. Su idea es incluir "a todos los grupos políticos posibles" y afirmó haber recibido una "respuesta también positiva" de CiU en la búsqueda de este acuerdo de Estado sobre energía. Anunció, además, la creación de un grupo de trabajo encargado de las negociaciones, en el que, por parte del Gobierno, participarán el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, el director de Política Energética y Minas, Antonio Hernández, y él mismo.

El ministro citó ayer los puntos sobre los que se centrará la negociación: los recogidos en el documento entregado a los partidos en abril. Son garantizar un suministro seguro, definir un mix energético para 2020 "equilibrado y diversificado entre las diferentes fuentes de energía primaria", desarrollar infraestructuras como las interconexiones internacionales y las infraestructuras, profundizar en la liberalización, mejorar las políticas de ahorro y eficiencia, consensuar objetivos de renovables de manera "sostenible económicamente" y desarrollar normativas de seguridad nuclear y gestión de residuos, lo que incluye la futura ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Al ser preguntado sobre si esa disposición de diálogo abierto sin restricciones, además de incluir el emplazamiento del ATC, afecta también al cierre de Garoña, Montoro aseguró que la situación no aconseja "resaltar las diferencias sino las coincidencias". "De lo que se trata es de ser positivo", afirmó.

El representante del PP apuntó a que el motivo de la convocatoria de rueda de prensa de ayer era transmitir "tranquilidad y confianza" a los inversores y que sepan que existe voluntad de dotar al sector de un marco regulatorio estable. En ese sentido, aseguró que la revisión de costes se hará pensando en su impacto sobre la economía española, a lo que Sebastián añadió que el objetivo es lograr un sistema eléctrico eficiente y competitivo a largo plazo.

En el documento de Zurbano se establecían una serie de plazos para alcanzar ciertas reformas, como la selección del municipio que albergará el ATC o la adaptación de los mecanismos de retribución de las energías renovables a la evolución experimentada por las tecnologías, que tenía que estar previsiblemente aprobado el próximo 1 de julio. Algunas otras medidas tenían de plazo hasta el 31 de diciembre. En este sentido, la intención de los grupos es que el acuerdo se alcance "lo antes posible", si bien no quisieron fijar ningún plazo determinado para alcanzarlo.

Voces en contra

Aunque el ministro avanzó ayer que su intención era incluir a más partidos políticos, las formaciones nacionalistas y las minorías de izquierdas del Congreso de los Diputados desconocían ayer por la tarde el contenido del acuerdo suscrito entre el Gobierno y el PP. Valoran como "positiva" la noticia para los consumidores, pero desconfiaban de las condiciones del pacto y de sus implicaciones, según informaba ayer Europa Press.

El portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, se preguntó de hecho "qué más va a comprometer el Gobierno y el principal partido de la oposición con las compañías eléctricas". "Es bueno que no suba la luz pero la pregunta es a cambio de qué", añadió el representante de IU.

Por su parte, el presidente de Unesa, Pedro Rivero, consideró "muy grave" la decisión del Gobierno de suspender la subida de la luz. Rivero dijo que la decisión situará "por encima de 20.000 millones de euros" el déficit de tarifa del sector eléctrico acumulado hasta 2010 y consideró que, de haberse aplicado la revisión conforme al mecanismo estipulado, en julio se tendría que haber subido la tarifa un 7,5%.

Para las eléctricas, la congelación de la tarifa "aumenta la incertidumbre", según fuentes del sector consultadas por Efe. Aun así, coinciden en la conveniencia de que los partidos alcancen un acuerdo en materia de energía. Estas fuentes recalcaron que el pacto "deja en el aire" la solución al déficit tarifario e incluso lo engordará más. Según el sector, la sensación es de "desconcierto", ya que "lo único seguro" es que se congelan las tarifas, pero no se sabe "hasta cuándo" ni se concretan las líneas de trabajo.

Suspensión de las negociaciones

Para bien o para mal, este acuerdo pone en suspenso y aplaza todas las negociaciones que se habían mantenido con los representantes de las energías renovables para la determinación de un nuevo marco regulatorio. Si bien con la tecnología fotovoltaica las posiciones estaban muy enfrentadas, la energía eólica y la termosolar estaban cerca de llegar a un acuerdo para su nueva norma.

Fuentes cercanas al Gobierno estimaron que también estos preacuerdos hay que ponerlos en cuestión. "Cualquier decisión que no provenga del pacto está ahora mismo bajo revisión", aseguraron. Lo único que se mantendrá en marcha tal y como está es el documento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner) 2011-2020, avanzaron, porque "es obligatorio mandarlo a Bruselas como máximo el próximo 1 de julio".

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) y la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) defendieron ayer que este acuerdo es una buena noticia porque supone un primer paso para alcanzar una pacto de Estado de energía. Puntualizaron, sin embargo, que la congelación de la subida de la luz tiene algunos inconvenientes porque retrasa la solución al problema de las primas renovables.

Por su parte, Asif pidió que las asociaciones puedan formar parte del grupo de trabajo para la revisión de los costes del sistema anunciado hoy por el Gobierno. Para la AEF, se da "un gran paso con la expresión de una necesaria voluntad de diálogo en materia energética". Desde AEF subrayaron que esperan de ese pacto "una mayor garantía de legalidad para el sistema eléctrico y el modelo energético nacional". Consideraron relevante que "la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria se consoliden con un marco estable que debería mantenerse al menos hasta 2020".

España no aplica el mercado único

La Comisión Europea emplazó ayer a 20 países de la Unión Europea, entre ellos España, a aplicar correctamente la legislación comunitaria destinada a la creación de un verdadero mercado único para el gas y la electricidad. El Ejecutivo aseguró en un comunicado que ha enviado 35 dictámenes motivados a 20 estados miembros que, a su juicio, siguen sin aplicar plenamente las normas acordadas en 2003 en el llamado segundo paquete del gas y la electricidad. Bruselas les ha dado de plazo dos meses para que respondan adecuadamente a su requerimiento o, de lo contrario, los denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE.Por lo que respecta a España, la CE considera que ha subsanado algunas de las insuficiencias detectadas cuando abrió, hace exactamente un año, el procedimiento de infracción en su contra. Sin embargo, ha decidido seguir adelante con el expediente porque, por lo que respecta al reglamento de electricidad, España sigue sin disponer de un método coordinado común de regulación de la congestión. Estas son cuestiones que habrá que revisar en este acuerdo.

Insuficiente para los consumidores

Las organizaciones de consumidores consideraron ayer que la congelación del precio de la luz es una buena noticia, pero "insuficiente". En concreto, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, denunció que "la factura de la luz va a subir, no se congela, porque se mantiene la subida del IVA". .Para la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, el pacto demuestra que el precio de la electricidad es un "precio político". Así, dijo que es prioritario un acuerdo para que se reforme el sistema de fijación del precio de la electricidad. "Lo que queremos es que se aclare el déficit tarifario, no nos creemos lo que nos cuentan de que estamos pagando la luz menos cara de lo que cuesta su generación", declaró.Desde la UCE (Unión de Consumidores de España) han valorado de forma positiva "no sólo esta congelación sino, sobre todo, el anuncio de la apertura de una profunda reflexión sobre el mercado energético". Para la CECU, "es fundamental la mejora del mercado energético para que los consumidores puedan beneficiarse realmente de la liberalización del sector".