La CNE estima en 6.800 millones las primas de las renovables para 2010
El regulador energético discrepa de las previsiones de costes que Industria ha realizado para calcular la nueva tarifa de acceso y le pide que los actualice para evitar desvíos indeseados. Uno de los ajustes que reclama es el de las primas de las renovables, que no serán de 5.888 millones, como estima el ministerio, sino de casi 6.800 millones.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha pedido alMinisterio de Industria que revise algunas de las partidas de costes incluidas en la propuesta de orden ministerial por la que se revisará la tarifa eléctrica el 1 de julio. De lo contrario, el límite anual de déficit tarifario que permite la ley para 2010 (3.000 millones de euros) se volverá a superar. Según el informe sobre la propuesta de tarifas aprobado ayer por el consejo de la CNE, al que ha tenido acceso CincoDías, uno de los costes que es preciso actualizar es el de las primas del régimen especial.
La previsión de primas "implícitas" en la orden ministerial es de 5.888 millones de euros ( 326 millones menos que las liquidadas el año pasado) y las mismas estimadas en diciembre para todo el año. Sin embargo, el regulador indica en su dictamen que, de acuerdo con la "última" información disponible, estos incentivos podrían alcanzar los 6.787millones de euros, aproximadamente 899 millones más de costes. Esta diferencia se explicaría por la incertidumbre derivada de la evolución de los precios del mercado.
Más concretamente, por "la tendencia de crecimiento y utilización de la potencia registrada en cada tecnología en los últimos años y supuesto el mismo escenario de precios previsto en diciembre de 40,37 euros MWh". En este sentido, la CNE denuncia que los costes que han contribuido al fuerte aumento de la tarifa de acceso (o peajes) son "de naturaleza hundida", esto es, no son imputables a la actividad de distribución o al consumo de energía.
Los costes hundidos son las primas del régimen especial, la compensación de los sistemas extrapeninsulares y el pago de los déficit acumulados en la última década. De hecho, según el informe, los costes de redes han bajado del 63% en 2003 al 40% en 2009, en favor de las citadas primas que han pasado del 26% al 56% en esos años. En cuanto a la evolución de las tarifas de acceso, en contra de lo que denuncian las grandes empresas industriales, las que han registrado mayores aumentos han sido las que se aplican a los clientes de media tensión, mientras que han disminuido en términos acumulados las de muy alta tensión.
En línea con Unesa, la Comisión también considera que hay un desajuste de los ingresos correspondientes a 2009. En ese año el déficit de tarifa legalmente permitido (3.500 millones) fue superado en 1.116 millones, si bien, de esta cantidad hay que restar algunas partidas como la correspondiente a la detracción de los ingresos extras por los derechos de asignación gratuitos del CO2 en el primer semestre del año; el superávit de pagos por capacidad (560millones) y la parte de la financiación de los sistemas extrapeninsulares que, desde el año pasado, es sufragada por los Presupuestos del Estado.
El déficit de tarifa extra, que la ley no admite como déficit y que no será posible diferir ni titulizar, es, según el regulador, de 293 millones. El informe de la CNE comienza con una serie de reivindicaciones, algunas de las cuales, son recurrentes. Así, insiste en que se debe establecer una metodología de tarifas que recoja los costes. Para ello, hace falta "una revisión en profundidad de los costes de las actividades reguladas". También pide que se ponga fin al sistema regulado de las Baleares, dado que estas islas ya tienen gasoducto y la interconexión eléctrica está a punto.
Además de reclamar un precio regulado para el mercado de restricciones, vuelve a pedir que "la liquidación final" de los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), un incentivo que se cerró en falso y con saldos a favor de las eléctricas. Esta medida ayudaría a recortar el déficit de tarifa. Por último, pide que se mejore el mecanismo de las subastas Cesur, que fijan la tarifa de último recurso (TUR).
Críticas de la APPA
Ayer no faltaron duras críticas al anuncio del Gobierno de recortar en un 30% las primas de las plantas fotovoltaicas. La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) pidió estabilidad regulatoria y seguridad jurídica y afirmó que "la aplicación de medidas retroactivas es de suma gravedad" y afectará "a la reputación de España" ante los inversores internacionales. Las propuestas contrastan, según la APPA, con el discurso público del Gobierno de apoyo a las energías renovables, lo que calificó como "un comportamiento bipolar".
Dudas legales sobre los contadores
La Comisión de la Energía comparte la posición de las distribuidoras eléctricas (las cinco grandes integradas en Unesa, y las 230 pequeñas de Cide) en contra de la decisión de Industria de eliminar el cobro del alquiler de los contadores tradicionales, lo que costará a las empresas de más de cien millones de euros al año.Esta medida figura en al artículo cuarto de la orden ministerial de las tarifas de acceso, que, según el dictamen aprobado ayer por el consejo del regulador, "ofrece dudas desde el punto de vista de la jerarquía normativa" (lo que Unesa considera un fraude de ley). Y es que el derecho del cobro del alquiler figura en un real decreto (del 24 de agosto de 2007) que ahora pretende anular una orden ministerial, que es una norma de rango inferior.Con esta decisión, Industria quiere acelerar la sustitución de los viejos contadores por nuevos equipos con telegestión, según el plan aprobado hace tres años que establecía la instalación paulatina de los mismos hasta 2018. La CNE considera que la prohibición de cobrar el alquiler va en contra de la norma y "puede llegar a comprometer el propio plan de sustitución de contadores", pues es probable que los clientes se resistan a cambiarlos ya que por los nuevos pagarán alquiler.Las distribuidoras han criticado la medida pues se está cumpliendo el plan: a finales de este año debe estar renovado el 30%. Y aseguran que si no se ha avanzado más es porque el propio ministerio no ha fijado un protocolo de comunicación para los nuevos contadores, por lo que los fabricantes no se atreven a ponerlos en el mercado.