COLUMNA

Zapatero, y ahora a gobernar

Todo apunta a que la negociación de la reforma laboral entre los agentes sociales después de un proceso de aproximaciones y distancias sucesivas requerirá de una decisión que está en manos del Gobierno, comprometido a culminarla en el Consejo de Ministros del miércoles, día 16. Rien va plus, como dicen en la ruleta, porque el jueves 17 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero debe presentar el texto en Bruselas conforme al compromiso contraído. Lo que sea sonará en forma de reacciones de los participantes que llevan dos años de reuniones infructuosas. Se arrojarán unos a otros las responsabilidades y desde distintos ángulos, empresariales y sindicales, criticarán el decreto-ley resultante. Se pronunciarán los portavoces de las fuerzas políticas con amagos sobre la actitud a adoptar, a favor, en contra o abstención, cuando llegue al Pleno del Congreso de los Diputados. Clamarán los medios de comunicación llevando el agua a sus respectivos molinos.

Habrá nacido así la reforma laboral que desde ahora se descarta vaya a ser la piedra filosofal capaz de transformar en nuevos empleos los parados en crecimiento. Porque el empleo aumenta cuando crece la demanda y todas las medidas de recorte van en la dirección de contraer el consumo. La Unión Europea va a poner las cuentas en claro pero, de paso, como acaba de señalar Paul Krugman, nos va a alejar del crecimiento que nos recuperaría.

En el caso de España se trata de una ofrenda a presentar en el altar de los mercados y de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Vamos a descubrir la flexiseguridad que ya estaba inventada, pero tampoco este descubrimiento nos sacará del pozo del paro. La necesidad de la reforma como la de los ahorros del gasto público se hace a última hora por exigencias del guión que nos ha sido impuesto.

Es dinero inmediato pero otras tareas y ahorros mucho más decisivas quedan sin atender. Hablamos de los despilfarros a que nos ha llevado la competencia entablada entre las comunidades autónomas y entre los municipios. La multiplicación de los aeropuertos, de las universidades, de las radios y televisiones autonómicas y municipales, de los palacios de congresos, de los auditorios, de las casas de cultura, de los museos, de las empresas y fundaciones públicas, de las embajadas autonómicas multiplicadas, del despilfarro del gasto farmacéutico, de la cooperación internacional asumida por las Administraciones de rango inferior al estatal, de los 17 sistemas informáticos incompatibles entre sí de que se han dotado cada una de las autonomías, de las burocracias superpuestas, de la economía sumergida, del fraude fiscal, del marasmo legislativo a diferentes niveles, de la corrupción y del clientelismo destructores. Nadie nos dice para cuándo se aplazan estos deberes de racionalización que tanta economía y eficiencia podrían representar. Nunca parece momento oportuno y con las elecciones autonómicas y municipales a la vista aún menos.

Pero volvamos a la cuestión inicial. Redactado el decreto-ley de la reforma laboral, deberá pasar al Congreso de los Diputados para su convalidación. Entonces veremos si al Gobierno le bastan sus 169 votos para lograrlo o si las conversaciones actuales con los otros grupos parlamentarios son capaces de sumar otros apoyos adicionales que eviten la impresión de estricta soledad de Zapatero.

En círculos concéntricos que van de los más afines a los más irreductibles se ensayarán todas las fórmulas. Pero las arcas públicas están exhaustas sin que sea posible imaginar nuevas extracciones en euros contantes y sonantes, que lubrifiquen los mecanismos de adhesión como en otras ocasiones. En la oposición frontal, el PP, que reclamaba medidas valientes, sabrá encontrar la manera de impugnar la reforma e intentará el ejercicio transformista de presentarse como valedor de los perdedores y animarles a la huelga general. Quieren que Zapatero recorra las 14 estaciones del vía crucis sin ahorrarle tormento alguno. Atentos.

Miguel Ángel Aguilar, periodista