La amnistía fiscal, un viejo debate que vuelve con la crisis
Un indulto tributario engrosaría las arcas públicas a costa de deteriorar la credibilidad de Hacienda
A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, una amnistía fiscal". Este disposición adicional se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para 1992 y suponía un aviso para los evasores fiscales que no habían regularizado su situación un año antes, cuando se aprobó la última amnistía fiscal en España.
Hoy, veinte años más tarde, el debate sobre la posibilidad de conceder el perdón tributario a los defraudadores vuelve a rodar en la arena pública con los viejos argumentos de siempre. Por un lado, quienes se oponen a la amnistía sostienen que supondría un agravio comparativo para aquellos contribuyentes que han cumplido religiosamente sus obligaciones fiscales. En el bando contrario, se aduce a la necesidad de recuperar fondos que, sin un gesto del Gobierno, ya nunca volverán.
Si bien los argumentos son parecidos, la situación económica de España dista mucho de ese país que primero en 1984 y después en 1991 aprobó sendas amnistías fiscales. Por un lado, la Agencia Tributaria es mucho más profesional y cuenta con el sistema informático más avanzado de la UE. Y, por otro lado, los mecanismos de evasión actuales también se han sofisticado. En 1984, cuando Miguel Boyer ocupaba el cargo de ministro de Economía y Hacienda, el objetivo era impulsar un sistema fiscal que se acercara al los parámetros europeos, en un momento en que ni tan siquiera existía el IVA en España y se mantenía, en parte, el secreto bancario. Boyer utilizó la táctica del palo y la zanahoria. Anunció un endurecimiento de la legislación contra los evasores -el delito fiscal sólo se había aplicado en una ocasión antes de 1984- a la par que concedió una amnistía fiscal al permitir que los defraudadores adquirieran pagarés del Tesoro. Todo ello sin ningún tipo de penalización fiscal y, además, salvaguardando el anonimato.
La situación actual dista de la de 1984, cuando aún existía el secreto bancario
La amnistía que, según algunos medios de comunicación, baraja el Gobierno se parece a la que puso marcha en 1991 el entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga. El Gobierno de Felipe González ofreció canjear pagarés del Tesoro -que gozaban de opacidad fiscal- por lo que se denominó deuda pública especial, con un tipo de interés inferior al de mercado. También aquellos contribuyentes que habían deducido gastos contables de forma irregular podían adquirir deuda especial por el mismo valor defraudado. Si bien el Gobierno logró que aflorara dinero negro, no se alcanzaron los objetivos de recaudación previstos y Solchaga optó por incluir en los Presupuestos de 1992 un aumento del IVA y el aviso de que no se volviera a conceder otro indulto tributario.
Desde entonces, el debate de la amnistía fiscal quedó relegado en un segundo plano hasta que arreció la actual crisis económica, que llevó a los países desarrollados a endurecer las medidas contra los paraísos fiscales. La OCDE calcula que el 13% del PIB mundial se encuentra en paraísos fiscales, lo que supone entre cinco y siete billones de dólares.
De forma periódica aparecen voces que reclaman una amnistía fiscal dirigida a repatriar el dinero evadido y ubicado en paraísos fiscales. A cambio de sortear las sanciones de Hacienda, el Gobierno permitiría a los evasores utilizar esos fondos para comprar deuda pública a un tipo de interés menor que el de mercado. Las mismas condiciones se ofrecerían para los evasores que mantengan dinero oculto en el interior del país.
El Gobierno rechaza con rotundidad la posibilidad de poner en marcha una amnistía fiscal a pesar de que esa medida engrosaría las arcas públicas en un momento en que la tensión en los mercados y el galopante déficit elevan las necesidades de financiación del Estado. Los rumores de conceder un perdón tributario para contrarrestar la pérdida de ingresos ya empezaron a formularse en 2008. Entonces, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, también defendió que el Gobierno no contemplaba esa posibilidad. Aun así, la tentación de acceder a financiación a través de una amnistía, como la prima de riesgo, cada vez es mayor.
El ejemplo de Italia causa pavor a la Agencia Tributaria
Fuentes internas de la Agencia Tributaria aseguran que aprobar una amnistía fiscal supondría una derrota para Hacienda y rechazan el argumento de que en Italia el indulto tributario ha funcionado.Si bien es cierto que Silvio Berlusconi logró repatriar 100.000 millones de euros, la realidad fiscal de Italia y España es muy desigual. La principal diferencia es que la Hacienda española funciona mucho mejor que la italiana, donde existe un menor control.Por otro lado, los Ejecutivos italianos aprueban de forma periódica amnistías fiscales, algo que en España sólo ha sucedido dos veces en la democracia. Berlusconi ya concedió indultos en 2001 y 2003. En cualquier caso, la idea de aprobar una amnistía fiscal se extiende por toda la UE, necesitada de financiación. Esa posibilidad fue valorada por Francia y Reino Unido, aunque ninguno de ellos accedió a perdonar a los evasores fiscales. De momento, en España, ninguno de los dos grandes partidos, ni el PP ni el PSOE, apoya seguir los pasos de Italia.