CiU emplaza al Gobierno a liderar con urgencia la reforma de las pensiones
A falta de examinar la letra pequeña, CiU tiene ya decidido su apoyo a la reforma laboral. Sin embargo, ve complicado escoltar al Gobierno en un cambio ambicioso del sistema de pensiones, por dos motivos: su ausencia de liderazgo y la congelación de estas prestaciones en 2011.
El portavoz de Trabajo de los nacionalistas catalanes, Carles Campuzano, lanzó ayer un serio aviso al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, veinticuatro horas después de que la vicepresidenta Elena Salgado anunciara en Luxemburgo la intención del Gobierno de acelerar durante el verano la reforma de las pensiones. Campuzano le pidió al Gobierno liderazgo ante este reto y, sobre todo, que recupere el consenso dentro del Pacto de Toledo rectificando la decisión de congelar las pensiones en 2011.
La dirección de CiU es consciente de las dificultades que encontraría el Gobierno para dar marcha atrás en esta medida y también de las consecuencias que tendría. No obstante, los nacionalistas catalanes opinan que hay oportunidad para negociar una reforma de las pensiones ambiciosa y que iniciativas como la ampliación del periodo de cálculo para fijar estas prestaciones o el alargamiento de la edad de jubilación pueden quedar finalmente en el limbo por culpa de un ahorro de 1.500 millones, que procede de la congelación de las pensiones, que tendría que salir de otras partidas presupuestarias. "Esta medida contraviene y pone en riesgo el Pacto de Toledo, además de ser injusta ya que no se justifica que la reducción del déficit se acometa disminuyendo el poder adquisitivo de los pensionistas", señaló Campuzano.
En opinión del portavoz de Trabajo de CiU, la reforma de las pensiones la debería abordar el Congreso sin necesidad de que la impongan los mercados internacionales, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.
Los partidos están abiertos a debatir la ampliación del periodo de cálculo
El problema para el Gobierno después de que Zapatero optara por congelar estas prestaciones en 2011, no es ni mucho menor ya que en septiembre se debatirán un par de proposiciones de ley en contra de esta iniciativa que aglutinan el sentir de todos los grupos parlamentarios de la oposición. Ninguno de ellos quiere acompañar al Gobierno en este viaje y, el que menos de todos, el Partido Popular.
Su líder, Mariano Rajoy, emplazó ayer en el Congreso a Zapatero a cumplir las resoluciones que ya se han votado en contra de esta congelación, mientras ha dado instrucciones a su grupo parlamentario para que haga de esta cuestión una condición básica para resucitar el Pacto de Toledo y negociar el futuro del sistema público de pensiones. "El Gobierno ha incumplido la función fundamental por la cual fue establecido el Pacto de Toledo y la decisión de congelar las pensiones es inconstitucional porque el artículo 50 de la Constitución establece que es necesario que el Ejecutivo respete las pensiones y, además, se preocupe de su revalorización". Quien así habla no es un diputado cualquiera. Es del PP leonés, amigo de Zapatero y, además, presidente de la Comisión del Pacto de Toledo.
Una Administración más delgada
En el duelo dialéctico que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo ayer en el Congreso con Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno no descartó "más medidas" para "racionalizar" la Administración General del Estado, después de recordar el plan de reestructuración anunciado hace varios consejos de ministros cuya ejecución finaliza en diciembre. En este mismo contexto, el presidente enfatizó que es a él a quien corresponde fijar la estructura del Gobierno, según las competencias que establece la propia ley de Gobierno.No obstante, Zapatero se mostró abierto "a cambiar las reglas de juego" en el supuesto de que prosperara en su día la proposición de ley que se tramita en el Congreso para suprimir varios ministerios. Mariano Rajoy le mencionó los de Cultura, Vivienda e Igualdad, a los que añadió la Vicepresidencia tercera.Algunas voces interpretaron alegremente de las palabras del presidente su predisposición a remodelar el Gobierno en breve y, además, a suprimir las carteras que le pide la oposición.