Sufragar las medidas alcanza el 0,6% del PIB

La reforma laboral pactada costaría más de 6.000 millones

El desacuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos en torno a la reforma laboral es una cuestión de los costes del despido. Pero también del presupuesto necesario para sacarla adelante. Sólo las medidas que cuentan con el consenso de las tres partes costarían 6.050 millones de euros.

El Gobierno ha advertido que quiere una reforma laboral con coste cero", aseguran desde los sindicatos. Esta prerrogativa del Ejecutivo es, en realidad, un impedimento para el consenso tan importante como el debate sobre los costes del despido. La contratación y las indemnizaciones han copado los titulares referentes a la negociación en los últimos meses, y siguen siendo los principales escollos para sellar un pacto. Sin embargo, en este tiempo sindicatos y patronal se han puesto de acuerdo en ciertos ámbitos de actuación. Medidas que el Gobierno estuvo dispuesto a sufragar en aras de la recuperación del mercado de trabajo, pero que podrían perder este apoyo presupuestario tras el radical ajuste del gasto que ha acometido.

La rebaja de las cotizaciones sociales que reclamaban los empresarios quedó marginada por el debate sobre el futuro de las pensiones. En su lugar, se abrió la puerta a descargar a la patronal de parte del coste de las bajas. Actualmente, el empresario está obligado a cubrir los costes de un trabajador enfermo hasta el día 15, momento en que la Seguridad Social se hace cargo. Sobre la mesa ha estado la opción de que el Estado sea quien cubra el periodo desde el cuarto día, momento en el que se considera oficialmente como una baja. Este coste, según los interlocutores sociales, rondaría entre 900 y 1.000 millones de euros al año.

Las partes también coincidieron en seguida en la necesidad de actuar sobre el colectivo de los jóvenes, que arrastran un 40% de paro. Bonificar su contratación parece la actuación más eficaz, pero sólo están disponibles unos 350 millones de euros de los 2.850 presupuestados para incentivos. Fuentes de la negociación aseguran que para dotar de contenido esta iniciativa, el Gobierno llegó a ofrecer "hasta 1.200 millones de euros" adicionales.

Este montante también sustentaría un plan de bonificación de temporales en indefinidos, como el que se puso en marcha en 2006. Asociándolos a un mayor uso del contrato de fomento (indemnizado con 33 días en caso de despido) el programa lograría reducir parte de la dualidad del mercado de trabajo.

El 'modelo austriaco'

Finalmente, las tres partes consideraron interesante adaptar a España el conocido como modelo austriaco. No se trataría, como en el original, de un fondo individual por despido al que se acogería el trabajador en caso de despido. En su lugar, se habló de la posibilidad de subvencionar el 40% del coste de los despidos justificados de todas las empresas, una práctica consagrada para las pymes. Se utilizarían para ello excedentes de las cotizaciones, fundamentalmente el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Sin embargo, este superávit de 3.900 millones se encuentra invertido en deuda soberana, y la volatilidad que padecen los mercados hace temer a los agentes sociales que el Ejecutivo disponga de ellos alegremente.

De hecho, los negociadores denuncian que después de aprobar el nuevo plan de austeridad el Gobierno no ha aclarado si mantiene sobre la mesa los 6.050 millones de euros necesarios para sufragar estos puntos. Una duda razonable, teniendo en cuenta que tamaña inversión (0,6 puntos del PIB) equivale al ahorro generado con el recorte de los salarios públicos y la congelación de las pensiones.

¿Cuánto cuesta generalizar el contrato de 33 días?

El "meollo de la reforma laboral", en palabras del ministro de Trabajo, está en generalizar el uso del contrato de fomento del empleo estable, cuya indemnización. æpermil;ste fue creado en 1997 para incentivar la introducción de jóvenes y mujeres en el mercado de trabajo. Con el tiempo, prácticamente todos los colectivos han podido beneficiarse de él, a excepción de los varones entre 30 y 45 años. E incluso ellos si llevan seis meses en el paro. El Gobierno estudia ahora, según RNE, rebajar la exigencia sobre este colectivo a llevar tres meses desempleados. Sin embargo, pese a que su indemnización por despido es de 33 días frente a los 45 días asociados al fijo ordinario, este modelo tan sólo supone el 18% de los contratos. ¿Cómo lograr entonces que sea un nuevo motor de la creación de empleo?

Dos fenómenos han marcado el moderado uso del contrato de fomento. De un lado, las bonificaciones que se le han adjudicado. Reducciones de las cotizaciones sociales, fundamentalmente, que los empresarios han valorado más que el coste del despido. De otra parte, el programa de conversión de trabajadores temporales en indefinidos con el contrato de fomento. Ambas medidas conllevan, sin embargo, un aumento del desembolso en incentivos. Cuando se aprobaron transitoriamente en 2006, el ritmo de gasto en bonificaciones superó los 3.000 millones de euros anuales.