La Audiencia pone fin al 'caso Ava' tras doce años de proceso judicial
Doce años después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) interviniera la agencia de valores Ava por un "agujero" patrimonial de 84 millones de euros, la Audiencia Nacional pondrá fin la próxima semana al procedimiento judicial abierto tras haber localizado un tercio del dinero evadido.
El caso se remonta a 1998, cuando el Banco Socimer, domiciliado en Bahamas y en el que Ava depositaba sus valores, presentó suspensión de pagos, dando lugar a la intervención de la agencia por parte de la CNMV y posteriormente a la apertura de una causa en la Audiencia Nacional, ya que la situación de la agencia afectó a más de 10.000 inversores. Los números rojos crecen así en 80 millones de euros respecto a los 176,75 millones declarados inicialmente ante la CNMV.
El proceso estaba paralizado en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y pendiente de comisiones rogatorias en distintos países, lo que, según fuentes jurídicas, ha llevado recientemente a identificar y localizar cuentas con el dinero defraudado en diversos paraísos fiscales, como Barbados.
En concreto, detallaron las fuentes consultadas, se han levantado embargos de otras cuentas en distintos países europeos, que han permitido recuperar un tercio de los 84 millones de euros defraudados en este caso.
Ante la imposibilidad de realizar más gestiones para hallar el resto del dinero que perdieron los inversores con la agencia de valores, se ha ofrecido a los afectados la oportunidad de recuperar ese tercio del "agujero" patrimonial a cambio de que no prosigan con las actuaciones judiciales.
Para ello, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, titular del Juzgado Central 6, ha citado la próxima semana a las partes para ponerles en contacto y formalizar los trámites que concluyan el procedimiento.
Acuerdo para cobrar
La Audiencia Nacional estima que los afectados por el caso Ava podrían empezar a cobrar a partir de junio. El pacto alcanzado con los principales acusados, a cambio de que los afectados renuncien en las acciones penales, permitirá recuperar un tercio de lo invertido.