Un voto de confianza para las reformas serias
El Congreso escenificó ayer la descarnada soledad del Gobierno con la convalidación del decreto de ajuste presupuestario. La norma, que afortunadamente salió adelante, sólo recabó el apoyo de los 169 escaños del PSOE, que obtuvieron una trascendental victoria sobre los 168 diputados de grupos de la derecha, los grupúsculos de izquierda y los nacionalistas que votaron en contra. Sólo la abstención de CiU (10 escaños), Coalición Canaria (2) y un diputado de UPN evitaron la derrota de la más dura y más ineludible de las medidas adoptadas en estos dos años de recesión. Sin embargo, ni sus hipotéticos aliados mostraron condescendencia, y todos reprocharon al Gobierno, con toda razón, su desacierto en la gestión de una crisis que les ha obligado a un recorte social sin precedentes, con el subsiguiente coste político.
Pero la responsabilidad política y el sentido de Estado de estas tres formaciones ha pesado en su voto, y debe ser reconocido y agradecido. El resto ha preferido quedarse al margen de un recorte presupuestario que, por difícil que sea de explicar a sus electorados, es indispensable para reconducir un déficit fiscal que en estos momentos se ha convertido en un lastre para las finanzas públicas españolas, y en una amenaza severa para la supervivencia del proyecto euro. Votar no es una decisión lícita; pero es exigible al PP mirar más allá de donde llega su olfato electoral para contribuir al compromiso que los mercados y los socios comunitarios reclaman a España, no sólo al Gobierno de España.
La alocada carrera de Mariano Rajoy para forzar un adelanto de las elecciones puede dar resultados en las urnas, pero es la más nefasta de las alternativas para la economía ahora. Más sensata y responsable ha sido la decisión de CiU, tampoco exenta de intereses particulares, de prestar sustento al recorte presupuestario para evitar la caída del Ejecutivo. Pero justo en el discurso de CiU debe encontrar Zapatero las pistas para los próximos meses: utilizar este voto de confianza política lograda ayer para transformarla, con reformas decididas y no propagandísticas, en una auténtica confianza económica para los inversores, que son quienes tienen que refinanciar la deuda y el crecimiento del país.
Una reforma laboral real, que cambie los mecanismos de determinación de salarios para adaptarse a la realidad productiva y competitiva de las empresas, que envíe una inequívoca señal de que se rebajará el coste del despido (España tiene los umbrales más elevados de la OCDE en esta materia), y que por añadidura elimina la lacerante dualidad del mercado, es un capítulo inevitable. Como irrenunciable es culminar un proceso de reajuste del sector financiero (especialmente las cajas) más ambicioso del que está en la mesa y que podría estar listo en poco más de un mes. Seguramente los mercados darán una tregua de meses para tales empeños. Pero no estaría de más que sólo utilizase el Gobierno en ello semanas para despejar las engorrosas dudas que él mismo ha fraguado con dos años de negligente pasividad. En paralelo con estas reformas, cuyo catálogo puede estirarse notablemente (justicia, energía, educación, formación, gasto público, pensiones, etc.) las señales de confianza tienen que estar también en el presupuesto de 2011, puesto que ese es el verdadero ejercicio cartesiano de austeridad para llegara ese 6% de déficit público que está marcado a fuego desde Bruselas. De tales reformas y ajuste fiscal depende el futuro político del presidente. El portavoz de Convergencia i Unió fue meridianamente claro a este respecto, invocando para después del otoño unas elecciones generales que el resto de grupos reclamaban para ahora mismo.
Pero lo que depende con absoluta seguridad es el futuro de la economía. Sin cambios decididos en los mercados citados, pero sobre todo en el laboral por sus efectos secundarios determinantes en la prosperidad de la población y en las cuentas públicas, no habrá una recuperación sólida de la actividad. Zapatero se mostró ayer dispuesto a buscar más consenso que el logrado para el ajuste fiscal, y este fin de semana echará el resto para conciliar las conciencias de sindicatos y patronal. Tras casi dos años de diálogo de sordos en los que han caído en desgracia 2,3 millones de empleos, no valen ni voluntarismos, ni aplazamientos, ni excusas. Sólo el compromiso debido a una sociedad que espera pacientemente respuestas a su futuro.
