El Congreso convalida el ajuste fiscal

El Gobierno supera por la mínima la votación más decisiva de su mandato

La Cámara baja convalidó ayer por un voto de diferencia el decreto por el que se recorta el gasto público en 15.000 millones de euros adicionales. El Gobierno superó en solitario el duro trance entre las críticas del conjunto de la oposición. La más llamativa, la del grupo catalán de CiU, que le llamó a cerrar las reformas y "convocar elecciones".

El Gobierno supera por la mínima la votación más decisiva de su mandato
El Gobierno supera por la mínima la votación más decisiva de su mandato

Un solo voto, entre los 350 que componen el hemiciclo del Congreso, sirvió ayer de respiro al Gobierno. La Cámara alta convalidó con los 169 votos del grupo socialista, frente a 168 negativos y 13 abstenciones, el decreto de recorte de gasto de 15.000 millones de euros que exigió Alemania y que supone, de hecho, el mayor recorte social de la democracia. Un trago amargo para el Partido Socialista, ufano de haber protagonizado el grueso de los avances en materia social que disfruta el país, y que ahora plantea un recorte "doloroso, pero inevitable", según las palabras de la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Tan decisiva era la votación que no faltó en el hemiciclo ni un solo diputado, incluido alguno enfermo que acudió a la llamada. En juego había un match ball para el Gobierno, consciente de que, de no convalidarse el decreto, afrontaría una nueva tormenta en los mercados financieros aún más difícil de capear sin apoyos parlamentarios.

No parece excesivo pensar que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se jugaba su futuro político, y logró salvar el reto, al menos hasta que, en otoño, se debatan los Presupuestos de 2011. El portavoz de Convergència i Unió, Josep Antoni Durán y Lleida, auguró para entonces la defunción del Ejecutivo. "No se vaya ahora, porque España no se puede permitir estar hoy sin Gobierno. Haga las reformas que tiene que hacer, sobre todo la laboral y la financiera, deshaga lo que ha hecho mal, que es mucho, y convoque elecciones cuando constate que no tiene apoyos para aprobar los Presupuestos", espetó.

El presidente suspende su visita prevista a Brasil para atender al Consejo de Ministros y estudiar la reforma laboral

El Ejecutivo, que contaba con sacar el decreto adelante con los votos de su grupo pero con menor oposición, conoció el miércoles el rechazo del PNV, el aliado que le permitió sacar adelante los presupuestos de este año. Ayer, su portavoz Pedro Azpiazu reconoció que el ajuste es necesario, porque, a su juicio, el conjunto del país ha vivido por encima de sus posibilidades, pero afirmó que "no se puede empezar por los más débiles".

La negativa del grupo vasco amenaza así la aprobación de las cuentas públicas de 2011, cuyo rechazo, según Durán i Lleida, marcará el fin de la legislatura. Antes de realizar ese presagio, el líder catalán había echado un capote al Gobierno al justificar su abstención de ayer. "Sabemos que muchos grupos parlamentarios esconden la cabeza debajo del ala esperando que nosotros posibilitemos la aprobación del decreto, porque todo el hemiciclo es consciente de lo que pasaría en los mercados bursátiles y de deuda si la propuesta fuese derrotada. La responsabilidad de un diputado es evitar que España se hunda más todavía", afirmó. Ante el entusiasmo suscitado entre la bancada izquierda, Duran i Lleida cortó por lo sano: "No me aplaudan, señores diputados socialistas, porque no estoy de acuerdo con ustedes".

Además de CiU, las abstenciones de UPN y Coalición Canaria (esta última, criticada expresamente por el PP) propiciaron la victoria socialista frente al rechazo del resto de la oposición. El presidente Rodríguez Zapatero, que ha decidido a última hora suspender una visita de Estado a Brasil ante los acontecimientos internos, afirmó que en los próximos días el Gobierno buscará reconstruir consensos, sin aludir expresamente a la reforma laboral, que negocian a contrarreloj sindicatos y empresarios.

"Las presiones han de ser afrontadas"

Todo eso sucedió bastante después de las nueve de la mañana, cuando tomó la palabra para defender el polémico decreto Elena Salgado. La titular de Economía desgranó la vertiginosa sucesión de acontecimientos económicos de este último mes, para concluir que "las presiones de los mercados financieros han amenazado al euro, y han de ser afrontadas de forma inmediata y decidida". En ese marco se situó el compromiso de la zona euro de garantizar con 750.000 millones de euros la defensa ante futuros ataques a la deuda de un país miembro, así como su reverso tenebroso: la exigencia, liderada por Alemania, de que los más castigados por los mercados agudizasen sus planes de estabilización fiscal.

La vicepresidenta explicó que se han producido movimientos especulativos alentados por "rumores disparatados", pero reconoció que, a medio plazo, los mercados orientan sus movimientos en función de la situación económica. Y la española no era buena por lo que se hacía imprescindible el "doloroso" plan de ajuste de 15.000 millones de euros. El objetivo, cerrar 2011 con el déficit en el 6% del PIB, para garantizar la llegada al umbral del 3% exigido por Europa dos años después.

Salgado afirmó ser consciente del sacrificio que se pide a la sociedad española, "sobre todo a pensionistas y funcionarios" (ver cuadro adjunto). Pero se hace, explicó, para ayudar a otros ciudadanos que se encuentran en paro. La reducción de este, aclaró, sigue siendo "objetivo prioritario del Gobierno", junto con la del déficit. Ahora bien: sin la segunda, según sostuvo, no se logrará la primera.

La vicepresidenta dedicó la última parte de su intervención a anticiparse a las esperadas críticas que el decreto recibiría del resto de grupos parlamentarios. Sobre su carácter antisocial, recordó las fuertes subidas de las pensiones mínimas, las becas o el salario mínimo aprobadas durante los seis años de Gobiernos de Zapatero, así como la implantación de un sistema de dependencia "que ya da cobertura a medio millón de personas". Sobre la improvisación, explicó que el Ejecutivo "ha reaccionado a las distintas fases de la crisis global, adaptándose ahora a nuevas circunstancias que afectan a toda Europa". Y, en cuanto a que pueda ser un obstáculo para la débil recuperación, aventuró que el recorte de crecimiento previsto para 2011 (de medio punto) "se verá compensado por los menores costes de financiación pública y privada que supondrá la reducción de incertidumbre".

Salgado sostuvo que el Gobierno "seguirá tomando las decisiones que necesita el país, por difíciles que sean", y avanzó que la siguiente etapa afectará a las reformas estructurales, entre las que destacó la laboral y la financiera.

Críticas coincidentes

Tal como había previsto la vicepresidenta, las intervenciones del resto de portavoces se centraron en criticar el decreto por improvisado, antisocial o injusto, entre otros adjetivos. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, fue más lejos al afirmar que el recorte "es la plasmación de un golpe antidemocrático de los mercados contra el sistema social europeo". Además, se sumó a la crítica de Esquerra Republicana de Cataluña, al afirmar que la medida supone para el Gobierno "abjurar de los valores de la izquierda".

El portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, aprovechó su intervención para recordar que "todo el mundo vive la peor crisis económica en 80 años".

Por eso, argumentó, hubo que recurrir a políticas fiscales muy expansivas para evitar desplomes aún más graves, que han llevado a los déficits excesivos actuales. "España no ha hecho cosas distintas del resto de la UE", afirmó; "la única particularidad de España es que, ante planes de ajuste similares, tiene la única oposición de Europa que no apoya al Gobierno".

Rajoy: "Usted, señor Zapatero, es el principal problema que tiene la economía española"

"Reducción del déficit, sí, pero no así". Esas palabras resumen la intervención del líder de la oposición, Mariano Rajoy, en el debate de ayer. El presidente del PP, constantemente interrumpido por aplausos de sus correligionarios, reiteró su rechazo al decreto "por improvisado, insuficiente e injusto". A su juicio, el recorte de gasto "carga el desaguisado del Gobierno sobre los sectores más indefensos" de la sociedad. Rajoy criticó la "metamorfosis en tres días" del presidente Zapatero, que rechazó recortes adicionales del gasto en la reunión entre ambos del 5 de mayo. Después, explicó Rajoy, "sus socios europeos y el FMI le han obligado a hacer a las duras lo que no quiso hacer a las maduras". Y ahí asestó el mayor ataque al Ejecutivo por la naturaleza "antisocial" del decreto: "Le fijan la cuantía, pero nadie le ha dicho dónde tenía que meter la tijera", afirmó el presidente del PP, que ya propuso un drástico recorte de gasto en el último debate presupuestario.

"Ni siquiera han intentado no tocar el gasto social. Yo propuse el otro día algunas ideas", afirmó, entre las protestas de la bancada socialista. Entre las propuestas populares figuran la eliminación varios ministerios y la rebaja de subvenciones a partidos y sindicatos. "¿De verdad no había en el presupuesto 1.500 millones de euros para no recortar la paga a los pensionistas?", espetó de forma retórica. "No estaríamos en esta situación si ustedes no se hubiesen gastado 13.000 millones en aceras", afirmó en referencia a los dos planes de estímulo fiscal. Y concluyó con su idea fuerza de los últimos meses: "Señor Zapatero, usted es el principal problema de la economía española".

Las medidas aprobadas para reducir el déficit

Inversión en obras. La inversión pública estatal se recortará en 6.045 millones entre este año y el que viene. Cualquier obra en la que haya colaboración público-privada o en la que se establezca un régimen de concesión y que exceda los 12 millones de euros deberá contar con un informe vinculante de Hacienda con el fin de evitar la administración que licite la obra se sobreendeude.

Administraciones públicas. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos verán reducidas las transferencias estatales en 1.200 millones. A ese recorte se le une la prohibición de solicitar créditos a largo plazo en 2011 para los consistorios, cuya deuda roza los 35.000 millones. De esa cifra, casi 30.000 millones corresponde a créditos a más de doce meses. Todo el crédito que soliciten a corto plazo lo tendrán que devolver a finales de diciembre de cada año.

Funcionarios. Los funcionarios sufrirán un recorte medio del salario del 5% desde junio y verán como este se mantendrá congelado en 2011. Esta medida, con la que se prevé ahorrar 4.500 millones, no afecta a la paga extraordinaria de junio ni a los complementos de productividad o los complementos personales, como las horas extraordinarias. El recorte variará entre los 112 euros al mes para los que más cobran y los 12 para los que menos ganan.

Pensiones. Las pensiones se congelarán en 2011, salvo las no contributivas y las prestaciones mínimas. Se mantiene el pago correspondiente al desvío de la inflación en 2010.

'Cheque-Bebé'. Se elimina a partir de enero de 2011 la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo, lo que supondrá un recorte de gasto de 1.200 millones de euros anuales.

Jubilación parcial. Queda suprimido el régimen transitorio de jubilación parcial, de tal manera que se retrasa a los 61 años la posibilidad de optar a esta modalidad. Se amplía a quince años el periodo mínimo de cotización para el cobro de una pensión mínima. Ambas medidas generarán un ahorro de 500 millones.

Medicamentos. Los envases de los medicamentos se dispensarán en monodosis para evitar que haya una sobreoferta. Además se establece una rebaja del 7,5% en el precio de los medicamentos que se facturen con cargo a la Seguridad Social, excepto en el caso de los genéricos y aquellos medicamentos que estén incluidos dentro del sistema de precios de referencia (los que tengan menos de diez años en el mercado y cuenten con algún principio innovador). El ahorro estimado es de 1.300 millones.

Dependencia. Se anula el cobro de la retroactividad de las ayudas, que establecían que el dependiente tenía derecho a cobrar desde el momento que solicitaba las mismas. A partir de ahora, las ayudas se deberán cobrar en un plazo máximo de seis meses desde que se soliciten. El pago de las prestaciones pendientes se podrá aplazar a cinco años.

Sector exterior. Cualquier propuesta de gasto que proceda de embajadas o consulados deberá contar con un informe favorable del Ministerio de Economía. La partida destinada para ayuda oficial al desarrollo se reduce en 600 millones de euros.

Agencias estatales. La transformación de al menos cuatro organismos públicos en agencias estatales, tal y como había establecido en una ley aprobada en 2009, queda pospuesto sine díe.

Notarios. Los aranceles que perciben notarios y registradores en los documentos de cuantía, como las escrituras por compra de vivienda, se rebajan un 5%. El Ejecutivo justifica esta reducción por su condición de empleados públicos. Quedan excluidos los documentos sin cuantía, como los poderes notariales.