El juez impide a Endesa retirar el aval de mil millones por las denuncias de las opas

Endesa sufre aún una secuela del proceso de opas al que estuvo sometida durante dos años. Así, una antigua denuncia de Iberdrola la obliga a mantener el aval bancario de mil millones que tuvo que depositar para cubrir posibles reclamaciones judiciales. Todas las empresas implicadas, salvo Iberdrola, retiraron sus demandas.

El 26 de julio de 2007, justo un día antes de que los consejos de administración de Gas Natural y Endesa sellaran la paz judicial con la retirada de todos los respectivos pleitos que ambas empresas se habían cruzado en el largo proceso de la opa que la primera lanzó sobre la segunda, Iberdrola presentó una denuncia a Endesa "por daños morales".

En la demanda, que se tramitó ante el juzgado de lo mercantil número tres de Madrid, la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán reclamó a su competidora 144 millones de euros y 400.000 euros por costas judiciales.

Iberdrola había firmado un acuerdo con Gas Natural previo a la opa lanzada en septiembre de 2005, según el cual, se quedaría con los activos de Endesa sobrantes de la opa (los que la autoridad de la Competencia le obligaría a desinvertir) valorados en 8.000 millones de euros. Sin embargo, a principios de 2006 Endesa denunció este acuerdo en el mismo juzgado madrileño y la juez que se ocupó entonces del caso, Miriam Iglesias, determinó que se trataba de "un pacto colusorio" y lo suspendió cautelarmente (y con él la propia oferta pública de adquisición de acciones).

El fallo obligaba a Endesa a depositar un aval bancario de mil millones de euros para hacer frente a las posibles reclamaciones de un proceso que se judicializó. De hecho, el aval serviría para sucesivos pleitos, según determinó el Tribunal Supremo en la segunda suspensión cautelar aprobada unos meses después. Esta suspensión fue el resultado de la demanda de Endesa contra el Consejo de Ministros por haber dado su autorización a la opa de Gas Natural, a la que siguieron otras dos competidoras (la de la alemana Eon y la de Enel-Acciona, que resultó la ganadora).

Endesa habría podido retirar el aval tras la citada paz judicial del verano de 2007 si Iberdrola no hubiese presentado su demanda o la hubiese retirado posteriormente. Y, aunque la eléctrica hoy controlada por Enel, trató de la posibilidad de retirarlo, el nuevo juez del caso, Antonio Pedreira, lo rechazó "en tanto no entrara en el fondo de la cuestión y dictara una sentencia".

Esta decisión se tomó a pesar de la diferencia entre la cantidad depositada y la reclamada (los 144 millones de euros), ya que la Audiencia Provincial de Madrid sentenció que no procedía el pago de las costas judiciales, con lo que dio la razón en este punto a Endesa.

La que sí parece dispuesta a reclamar el pago de costas y los intereses desembolsados por el aval bancario es la propia demandada, en el caso de ganar la denuncia de Iberdrola por una operación que, según opinan fuentes empresariales, "suena ya a tiempos muy remotos".

Sea como fuere, Endesa mantiene anotadas en sus cuentas este saldo negativo del aval, del que Iberdrola sigue confiando en llevarse la parte que reclamó por el perjuicio que la suspensión cautelar acarreó "para su imagen, su marca y su reputación", según figuraba en su denuncia.

Aunque era la primera vez en la batalla de las opas que Iberdrola tomaba la iniciativa de acudir a los tribunales contra Endesa, ya se había sumado a la gasística en algunas denuncias. Ya entonces Iberdrola expresó su firmeza en no renunciar a reclamar los daños y perjuicios que se le había causado. Y así lo ha cumplido al no retirar su denuncia.