El reto de las personas dependientes
La atención y protección a las personas en situación de dependencia (aquellas que no se pueden valer por sí mismas para realizar las actividades básicas de la vida diaria) supone un reto importante para Europa, dado el creciente envejecimiento de su población.
En España, y desde el año 2007, se viene implantando y desarrollando progresivamente un nuevo sistema formal de protección denominado Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que supone un nuevo paso en la profundización del Estado del bienestar y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Si bien el SAAD nació con un amplio respaldo político y social, no parece haber colmado las expectativas de todos los agentes, al ser un sistema complejo tanto en el plano competencial como en el institucional y operativo. En el plano competencial, conjuga la competencia del Estado, para garantizar las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de un nuevo derecho subjetivo con la competencia exclusiva que en materia de servicios sociales tienen las comunidades autónomas.
En el plano institucional, el SAAD se incardina en los sistemas de servicios sociales existentes con nuevas prestaciones, conlleva la necesidad de coordinación con el sistema sanitario y exige la leal cooperación entre todas las Administraciones implicadas (estatal, autonómica y territorial) así como con los prestadores privados (sociedades mercantiles y organizaciones del tercer sector).
Tres años después de su aplicación efectiva la compleja situación actual puede llevarnos a cegarnos con el corto plazo y no pensar en el medio y largo plazo. Se impone la búsqueda de consensos para poner en valor la Ley de Dependencia. Ello implica identificar puntos de encuentro en este proyecto de Estado.
En este contexto, es loable la iniciativa de la Fundación Caser para la dependencia que intenta establecer un foro de diálogo multidisciplinar entre los agentes involucrados en el SAAD que redunde en la búsqueda de acuerdos entre todos ellos tras una reflexión pausada y abierta sobre la dependencia. Es tiempo de un intercambio sosegado de experiencias e iniciativas que ayuden a comprender los distintos procesos que operan en esta área, de valorar las alternativas disponibles y, anticipándose al mañana, ofrecer recomendaciones, consensos o mínimos puntos de encuentro asumibles por todos.
Este año toca la revisión estatutaria del despliegue del SAAD, por lo que el momento de aunar esfuerzos, sumar voluntades, compartir iniciativas y adoptar una actitud proactiva. Es el momento de racionalizar la implantación de la Ley de la Dependencia desde la lógica de la cohesión y la lealtad institucional, de tomar conciencia de la relevancia social y económica.
Aunque claramente hay problemas de sostenibilidad, allegar más recursos financieros para la dependencia, siendo muy importante, no es la solución definitiva. Hay que diseñar mejores formas de coordinación interadministrativa, acelerar la integración sociosanitaria, compartir experiencias exitosas, detectar buenas prácticas y mejorar la gobernanza de la dependencia. Se trataría, ahora más que nunca, de hacer económicamente viable lo que es socialmente deseable y que está llamado a desempeñar un papel fundamental en la actividad y en el empleo.
Simón Sosvilla. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid