Cajasur, una intervención en plazo

El consejo de administración de Cajasur, que rechazó la noche del viernes al sábado la fusión con la malagueña Unicaja y prefirió la intervención por el Banco de España de la entidad fundada y controlada por la Iglesia católica, ha incurrido en una doble responsabilidad muy grave. Por un lado, ha despreciado la posibilidad de que Cajasur se uniese a la mayor entidad de Andalucía en una operación diseñada para el salvamento de la caja cordobesa con medidas mucho menos costosas y traumáticas que las que ahora se pueden avecinar. Pero la responsabilidad es mayor por el severo impacto negativo que para la maltrecha credibilidad de la economía española puede suponer esta intervención, segunda de una caja importante en un año, en unos momentos en que la incertidumbre provocada por el contagio de la crisis griega está infectando la deuda de España. Son dos cuestiones por las que deberán rendir cuentas los consejeros que votaron contra la fusión, o, lo que es lo mismo, a favor de la intervención, ya que el plazo dado por el Banco de España había finalizado. Lo deberán hacer cuanto antes y, aunque en su mayoría sean sacerdotes, ante una autoridad terrenal.

Es un sinsentido además que razones personales hayan podido llevar a que el presidente de la entidad número 20 por activos, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, defendiera la intervención en lugar de la fusión con Unicaja, con cuyo presidente, Braulio Medel, ha mantenido constantes enfrentamientos en los meses de negociación y en quien, aparentemente, no confiaba. Distintos interlocutores que han negociado con Cajasur desde hace casi un año han advertido de la irracionalidad con la que los representantes de la Iglesia llevaban las negociaciones. Algo inaudito en el sector financiero, más incomprensible cuando las cuentas de Cajasur están por los suelos y completamente irracional bajo la óptica de una crisis fiscal que tiene en el punto de mira el equilibrio de la economía española. A pesar de que, como se ha encargado de recordar el Banco de España, esta intervención no va a afectar "en absoluto" a la solidez del sistema, puesto que Cajasur sólo supone el 0,6% de los activos del sector, es innegable que introduce más tensión en el sector financiero y supone otro inoportuno retroceso en una reordenación no sólo retrasada, sino que está dando demasiadas veces un paso adelante y dos atrás.

La intervención de Cajasur y sus circunstancias ponen en evidencia, por si aún quedaba alguna duda, la imperiosa y urgente necesidad de mejorar la normativa que rige las cajas de ahorros. El acuerdo suscrito en La Moncloa por el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para reformar la ley que regula las cajas debe aprovechar este episodio para reforzar su impulso.

El Banco de España, que estuvo lento en la intervención de Caja Castilla-La Mancha (CCM) hace poco más de un año y ahora seguramente recibirá un buen puñado de críticas, ha hecho muy bien su papel. No faltará quien achaque a la nocturnidad una inquietud innecesaria, pero el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez no ha hecho sino cumplir sus plazos. Incluso con sabia flexibilidad la noche del sábado para propiciar el acuerdo después de que el consejo de Unicaja le hubiese dado el visto bueno a la operación tras emplearse a fondo para lograr un acuerdo con los sindicatos. Una tarea difícil, ya que tras una derrochadora política de recursos humanos es necesario un fuerte recorte de plantilla en Cajasur, cuyos empleados y directivos tienen mayores salarios que los de Unicaja, y en el ambiente está que en la intervención de CCM no se perdieron empleos, aunque haya sido por su adecuada complementariedad con Cajastur.

Según el Banco de España, las necesidades de liquidez de Cajasur para atender sus compromisos y operar con normalidad aún no han sido cuantificadas, no obstante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le inyectará de inmediato unos 523 millones para que pueda cumplir los requisitos mínimos de solvencia, a lo que habrá que añadir recursos adicionales para cubrir las necesidades de liquidez. De esa forma se "garantiza que pueda seguir operando con normalidad", según el supervisor, que intenta tranquilizar a los depositantes y acreedores. Y así debe ser, porque un mínimo síntoma de pánico sería más nefasto que nunca en estos momentos.