EDITORIAL

Acaben ya con esta confusión fiscal

El Gobierno sumió ayer a la sociedad en un muy indeseable desconcierto. Durante todo el día corrió por los círculos económicos la información de que prepara una nueva tributación para los más ricos, similar al actual impuesto de patrimonio. La noticia nació como reflejo de la declaración del presidente del Gobierno el miércoles, cuando avanzó nuevas medidas tributarias dirigidas "a los que realmente tienen, no a las clases medias", que se sumarán a las adelantadas la semana pasada. Todos los medios recogieron con fruición una medida que, aparentemente, tenía el objetivo de contrabalancear el impacto del duro ajuste aplicado a la política social, con recorte de salarios a los funcionarios y congelación de las pensiones, aprobados ayer por el Consejo de Ministros. En la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno, las vicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado se limitaron a las declaraciones del presidente del Gobierno y dejaron las intactas las incógnitas sobre esa nueva tributación dirigida a los millonarios. Salgado, eso sí, explicó que la medida, que califico de "solidaria" será temporal y se tomará "en el momento oportuno".

La claridad se echa de menos. Y eso pasa cuando es más necesaria que nunca si el Gobierno pretende recuperar una credibilidad que en buena parte ha dilapidado. Un presidente del Gobierno no puede anunciar que va a subir los impuesto a los más ricos para, a renglón seguido, no aclarar cómo, cuándo y a quién afectará realmente la medida. La confusión contribuye a que se pierda una valiosa confianza que se diluye con las actitudes opacas. Numerosos españoles han entrado en una lógica desazón al preguntarse qué considera José Luis Rodríguez Zapatero una renta alta y si se verán afectados por la subida tributaria. Esa forma de actuar se enfrenta a la seguridad jurídica y a la previsibilidad tributaria.

Además, el caos que ha rodeado la polémica medida fiscal sobre las rentas/patrimonios más altas demuestra, una vez más, la falta de coordinación en el Gobierno. Mientras la vicepresidenta Elena Salgado negaba hace poco una modificación fiscal, otros miembros del gabinete como María Teresa Fernández de la Vega, Manuel Chaves o José Blanco defendían la necesidad de gravar las rentas más altas. Y si la responsable económica desconocía, o parecía desconocer, que el Ejecutivo planea esa subida, lo inmediato es deducir que se ha caído nuevamente en la improvisación.

Desgraciadamente, no es una excepción. La gestión del Gobierno se caracteriza por someter a la opinión pública a una sorpresa tras otra. Desde que estalló la crisis griega a principios de año, las medidas se suceden sin lógica clara y ligadas, al menos aparentemente, a factores exógenos a la estrategia del Ejecutivo. Siguiendo esta misma motivación, cabe pensar que esta medida fiscal surgirá como respuesta a las críticas lanzadas desde los partidos de izquierdas, los sindicatos y desde sectores del PSOE que consideran que no se puede pedir solidaridad a funcionarios y pensionistas y dejar al margen a los grandes patrimonios.

Habrá que esperar a que Rodríguez Zapatero desvele los planes fiscales del Gobierno. Sin embargo, lo lógico es que afrontase una reforma fiscal meditada con tranquilidad y adaptada a la necesidad presupuestaria del Estado en su conjunto. Numerosos expertos han apuntado, acertadamente, que el modelo actual puede quedar desfasado, pues los tributos ligados a la vivienda difícilmente recuperarán su capacidad recaudatoria. Y lamentablemente pesan demasiado en el conjunto de los ingresos públicos. Así, sería necesario analizar globalmente todas la figuras actuales, sean estatales, autonómicas o locales o tengan carácter directo o indirecto. Sería bueno considerar qué figuras merecen continuar y cuáles no, o cuáles deben ser modificadas. En este nuevo modelo podría encajar un impuesto similar al presentado ayer si así se considera. En definitiva, es potestad de todo Gobierno establecer la política fiscal de un país, aunque debe buscar el mayor grado de consenso parlamentario, pues no puede cambiarse cada cuatro días. Sólo en este contexto se podría aceptar esta nueva figura, pero nunca como un nuevo parche que, además, suena a ocurrencia de última hora.