Los efectos del ajuste

Zapatero aplaza el tributo a grandes fortunas al "momento oportuno"

La presión de un sector del PSOE, de la izquierda parlamentaria y el reflejo de las encuestas han llevado al Gobierno a jugar con la posibilidad de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, todavía huérfano de concreción, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobaba el plan de ajuste. Elena Salgado avanzó ayer que este nuevo tributo "no es inminente" y será anunciado en el momento oportuno.

Zapatero aplaza el tributo a grandes fortunas al "momento oportuno"
Zapatero aplaza el tributo a grandes fortunas al "momento oportuno"

El anuncio tan tajante, aunque también carente de precisión, realizado por el presidente del Gobierno el miércoles en el sentido de que subiría los impuestos a los que realmente tienen más cambió el paso a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, contraria a este tipo de gestos y también a abrir un frente tan molesto cuando la polémica sobre las políticas de gasto afectadas por el ajuste no está cerrada ni dentro ni fuera del Gobierno. Salgado dijo ayer que "no hay ninguna noticia sobre este tema" y se remitió a las palabras de Zapatero, aunque admitió que las rentas altas contribuirán a la consolidación fiscal, "de forma temporal". Lo que sí concretó es que el Gobierno estima que este plan de ahorro restará medio punto al crecimiento previsto para 2011, que pasará del 1,8% al 1,3%.

Por otra parte, ni hay marcha atrás en la congelación de las pensiones en 2011, ni el Gobierno ha sacado esta medida del plan de ajuste aprobado ayer por el Consejo de Ministros. El objetivo, después de un intenso debate interno en el Gabinete, es no contaminar el debate presupuestario que comenzará en septiembre. La suspensión de la revalorización de las pensiones el año que viene, medida que excluye a las mínimas y las no contributivas, fue anunciada por Zapatero en el Congreso y levantó ampollas dentro y fuera del PSOE, algunas de cuyas voces consideran que para un ahorro previsto de 1.500 millones de euros se podrían haber elegido otras vías. Pero la decisión adoptada por el presidente ya no tenía marcha atrás y el debate que se suscitó a continuación fue si, a raíz de las protestas surgidas en los grupos de izquierda y los sindicatos, sobre todo, convenía o no sacar esta medida del decreto que incorpora el plan de ajuste para facilitar su convalidación en el Congreso. El PP anunció, nada más terminar la rueda del Consejo, que la inclusión de la congelación de las pensiones en el real decreto ley les "decanta hacia el voto en contra en el Congreso". "No vamos a permitir que los ciudadanos paguen los errores del Gobierno", apostilló el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro.

El otro frente abierto por el Gobierno tiene que ver con el malestar sindical provocado por el recorte de un 5% de media a los empleados públicos a partir del 1 de junio. La rebaja será progresiva en lo que afecta al salario base y a los trienios. La reducción de sueldos irá del 0,56% al 7%. El personal laboral que gane menos de 949 euros al mes no verá reducidos sus ingresos. La paga de junio no tendrá reducción.

Acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones

El Gobierno persigue con este plan de ajuste reducir el gasto en 15.000 millones durante este ejercicio y el que viene, conforme al criterio negociado con Bruselas. Para hacerlo más creíble, el Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo de no disponibilidad de 5.000 millones para este año, conforme al compromiso contraído con Bruselas. En contra de lo anunciado por Zapatero, el techo de gasto para el año que viene queda pospuesto para otro Consejo de Ministros y será la antesala de la próxima negociación presupuestaria. Salgado afirmó que el Consejo ni siquiera había analizado ayer el nuevo cuadro macroeconómico, aunque sí revisó la previsión de crecimiento para 2011, desde el 1,8% previsto al 1,3%. Para este año permanecerá el 0,3% negativo. En todo caso, cuando llegue el momento se abordará un nuevo gesto de austeridad que, en buena lógica, debería ir acompañado de un plan de saneamiento de la administración pública, según establece la ley siempre que se supere el 2% de déficit. De hecho, este incumplimiento ha llevado al Partido Popular a recurrir al Constitucional las cuentas públicas de los dos últimos ejercicios.

Para este año, el techo de gasto se fijó en 182.439 millones de euros, lo que representó una caída del 4,5% respecto al presupuesto liquidado de 2009. El establecimiento del techo de gasto reviste especial importancia en un momento en el que Bruselas pretende mirar con lupa los planes de ajuste promovidos por los diferentes países miembro. Estas medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros coinciden con la concesión a Grecia de una ayuda de 9.794 millones de euros, bendecida ayer por el Congreso con la sola abstención de IU.