Dimite el consejero de Sniace condenado por delito ambiental
El consejo de administración de Sniace ha aceptado hoy la renuncia de su secretario y consejero, Manuel Gómez de Liaño, condenado por el Tribunal Supremo a un año de cárcel por delito ambiental por los vertidos contaminantes que la empresa de Torrelavega realizó a los ríos Saja y Besaya a finales de 2006.
Sniace ha nombrado en su lugar a Alfonso Barón Bastarreche, con la condición de secretario no consejero, ha informado hoy la propia empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En una sentencia fechada el pasado 19 de abril, pero conocida el pasado día 6, el Supremo revocó la decisión de la Audiencia de Cantabria de absolver a Gómez de Liaño de los cargos por delito ambiental que había formulado en su contra el Ministerio Fiscal.
La Fiscalía, en una tesis luego acogida por el Tribunal Supremo, hacía responsable a Gómez de Liaño de los vertidos que Sniace realizó a los ríos Saja y Besaya después de que Confederación Hidrográfica del Norte le retirara el permiso, por el reiterado incumplimiento de la empresa de sus compromisos en esta materia.
La sentencia del Tribunal Supremo impuso a Gómez de Liaño una condena de un año del cárcel (el fiscal había solicitado cinco) y le prohibió desempeñar actividades profesionales que requieran autorización ambiental durante el plazo de un año.
Sniace anuncia ahora a la CNMV que su consejo de administración se reunirá con carácter extraordinario el 27 de mayo "a los efectos de analizar y estudiar, a la vista de los informes solicitados, la situación y consecuencias" de ese fallo del Alto Tribunal.
Cuando Sniace perdió el permiso provisional de vertidos que tenía, en junio de 2006, la empresa de Torrelavega provocaba por sí sola una contaminación en el Saja-Besaya equivalente a la que hubiera generado una ciudad de 540.000 habitantes que careciera de sistemas de depuración, según los datos que divulgó en su momento la propia Confederación Hidrográfica del Norte.
Tras la retirada de ese permiso, Sniace consiguió una nueva autorización de vertidos a condición de realizar una serie de inversiones en materia de control de la contaminación.
El pasado otoño, puso en servicio una planta depuradora en la que asegura haber invertido unos 25 millones de euros.