TRIBUNA

Recorte del déficit obligado

Las medidas presentadas ayer por el Gobierno para la reducción del déficit han levantado un importante debate entre las fuerzas políticas y sociales, como no podía ser de otra manera. Seguramente, las opciones son muchas y entre las alternativas existen un buen número de medidas razonables. El problema es que el tiempo apremia y aunque hubiera sido deseable haber dispuesto de un plazo más amplio ni las autoridades europeas ni los mercados iban a esperar más.

La reducción no era una cuestión opcional, ya la alternativa hubiera significado el suicidio de España al haber sido arrojada (sin duda, viendo los acontecimientos de la semana pasada) fuera de los mercados de capitales. Si bien es discutible que 15.000 millones de euros en dos años vayan a tener un impacto determinante -teniendo en cuenta el nivel de deuda sobre el PIB, el ahorro disponible y las previsiones de ingresos y gastos-, los mercados dictaron sentencia la semana pasada. Desviaciones al alza respecto a las previsiones de crecimiento económico (no improbables) podrían tener un efecto significativo en el déficit de manera automática. Sin embargo, se imponía desde hace tiempo el lanzamiento de una señal inequívoca al mercado de disciplina fiscal y austeridad que pueda hacer manejables las finanzas públicas en entornos de actividad económica muy débiles como los que prevén la mayor parte de organismos internacionales.

Lograr una recuperación económica sostenible exige además que los niveles de deuda pública no se aproximen a valores por encima del 80% o cercanos al 100% como los que potencialmente hubiéramos podido alcanzar en poco más de un par de años si no se pone orden en las cuentas públicas. No hay que olvidar que probablemente el endeudamiento privado (de empresas y familias) es uno de los mayores problemas de la economía española y si sumamos este porcentaje al de deuda pública nos encontramos entre los países con un mayor endeudamiento total (de alrededor del 350% en términos brutos) sobre el tamaño de nuestra economía.

De vuelta a las medidas se pueden destacar varios puntos. En primer lugar que los recortes se reparten más o menos a partes iguales entre gasto corriente e inversión. Aquellos que hubieran esperado una reducción exclusivamente de gasto se habrán visto sorprendidos por el recorte de cerca de 7.000 millones de euros entre inversión pública y ayuda al desarrollo. En segundo lugar la medida estrella de reducir el salario de los funcionarios parece razonable y solidaria si se tiene en cuenta el fuerte ajuste que se ha sufrido en el sector privado tanto en término de pérdida de empleo como de reducciones salariales. La congelación de las subidas de las pensiones probablemente será la medida más impopular y con mayor coste político para el Gobierno mientras que la eliminación del cheque bebé se encontraba en casi todas las quinielas. Una coletilla del anuncio de medidas es la probable subida de impuestos el año que viene, algo a lo que habrá que estar atentos ya que supondría desmarcarse de otros países, como Alemania.

Una de las claves en las próximas semanas y meses será la efectiva implementación de las mismas, algo donde el Gobierno deberá ser extremadamente cuidadoso. Las valoraciones bursátiles han quedado en niveles atractivos en términos relativos por lo que paradójicamente España puede ser una buena oportunidad de compra.

Juan Manuel Vicente Casadevall. Director de Análisis de Lipper (Thomson Reuters)