COLUMNA

La caja registradora

Se anunciaba un pleno del Congreso en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anunciaría las medidas para la reducción del déficit reclamada por el Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) a todos los países del euro. El ambiente era el de las grandes ocasiones. Zapatero llevaba el tijeretazo en la cara. Después de seis años de hacer bufa y befa del decretazo de Ánsar que congeló las retribuciones de los funcionarios y de resistirse a las reformas de la contratación laboral obsesionado por evitar las huelgas generales padecidas por Felipe González, Zapatero daba su brazo a torcer. En seguida subió a la tribuna el presidente del PP, principal partido de la oposición para darle la réplica. Una vez más se atenía a un texto traído de casa, escrito antes de haber podido escuchar las propuestas del Gobierno. Es decir, blindado de antemano, ajeno a toda interacción dialéctica. Una prueba más del método Ollendorf, que se resume en diga usted lo que quiera que yo le responderé lo que me de la gana.

Inútil esperar que Rajoy celebrara aquello de haber logrado que los demás se salgan con la nuestra o que hubiera saludado la entrada en agujas del tren de Zapatero. El presidente del PP cuando al fin el Gobierno se decidía a tomar esas medidas valientes que le venía reclamando prefirió impugnarlas a su manera. Pero también abundó en medidas imaginativas que buscaban impactar en la sensibilidad populista. Por eso propuso que se eliminaran las subvenciones a los partidos políticos, a la patronal y a los sindicatos. Parecía un viva Cartagena que abriría la veda de modo que a quien Gürtel se la dé, San Pedro se la bendiga. Claro que en esa línea tan creativa algunos echaron de menos referencias a determinados despilfarros como el de la absurda multiplicación de los aeropuertos o de las universidades o de las televisiones autonómicas y municipales. Otra cuestión escandalosa que tampoco mencionó Rajoy es la de los registradores de la propiedad, a cuyo cuerpo pertenece con plaza reservada en Santa Pola, que sigue sin cubrirse pese a estar ausente de la misma desde hace décadas.

Está claro que en la medida en que Mariano Rajoy encabeza el PP y mantiene sus aspiraciones como alternativa para ser investido presidente del Gobierno debe pasar por un examen público más exigente. Veamos. En su caso particular carece de sentido que continúe siendo titular del registro de Santa Pola cuando lo que correspondería es la excedencia sin reserva de plaza, reingresando en el momento en que abandonara la política a la mejor plaza posible de acuerdo a la antigüedad ganada hasta ese momento. Sucede que, al reservarse la plaza, el registro de Santa Pola no sale a concurso y queda atendido en régimen de "interinidad permanente accidental" (sic) por el buen amigo y compañero Francisco Riquelme, titular del registro de Elche, que engrosa así sus emolumentos con los de la demarcación colindante repartidos al 50% con el Colegio Nacional de Registradores conforme a una insólita disposición pensada de manera que todo aproveche para el convento.

"Ahora que nos mojamos cuando llueve", como dice la canción de Joaquín Sabina, sería el momento de terminar con situaciones como la de los registradores cuya retribución responde a criterios arcaicos que no permiten la competencia pero siguen cobrando por arancel sin estar en competencia. Porque como señala la asociación de usuarios de registros (ADUR), véase su página web (www.usuariosderegistros.es), los registros son anticíclicos, no les afectan las crisis. Cuando la bonanza, inscriben los nuevos inmuebles; cuando la tormenta, los embargos, ejecuciones de hipotecas, concursos de acreedores, disolución de empresas mercantiles, etc. Sólo por la actividad registral lo ingresos medios anuales del registrador están por encima del millón de euros. Cifra a la que hay que añadir lo que perciben por liquidación de tributos.

Claro que de lo que los ciudadanos pagan en los Registros de la Propiedad y Mercantiles las arcas públicas no ingresan un solo euro. Es un negocio patrimonializado por los registradores, a cuyo colegio nacional se le ha asignado la custodia y explotación del Registro Central de la Propiedad, sustraído a su lugar natural que sería el Ministerio de Justicia. ¿Perderemos la ocasión que la crisis brinda de acabar con esta desmesura? Atentos.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista