Reacciones al nuevo plan de ajuste

Los sindicatos eluden la huelga general y mantienen vivo el diálogo social

Respuesta contenida en un clima de creciente desconfianza. Así cabe resumir el grado de la temperatura que José Luis Rodríguez Zapatero tomó ayer a los sindicatos tras una reunión de dos horas y media en La Moncloa. De momento, el Gobierno puede cantar victoria: queda orillada, aunque no descartada, la huelga general y se mantiene vivo el diálogo social. La contestación al plan de ajuste se limitará a un paro convocado en la función pública para el 2 de junio.

El secretario general deCCOO, Ignacio Fernández Toxo, en primer plano, junto al líder de UGT, Cándido Méndez.
El secretario general deCCOO, Ignacio Fernández Toxo, en primer plano, junto al líder de UGT, Cándido Méndez.

En realidad, la reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT) se saldó conforme al guión previsto por el presidente del Gobierno desde que el pasado fin de semana decidió sacrificar la política social para aplicar el plan de ajuste impuesto desde Bruselas. Las circunstancias pueden cambiar a toda velocidad, pero, de momento, los sindicatos eludieron ayer encauzar su respuesta a dicho plan mediante una huelga general, que no descartan en el tiempo, y también decidieron poner a salvo el diálogo social, que podría conducir en breve al alumbramiento de la esperada reforma laboral.

Méndez y Toxo se reservan el cartucho de la huelga general para utilizarlo en último extremo, aunque tendrán que escuchar a sus organizaciones sectoriales para conseguir una respuesta que pretende ser "rigurosa y responsable". Ambos compartieron la opinión de que el llamamiento ahora a una huelga general no serviría nada más que para "deteriorar la situación económica del país" y para darle aire al Partido Popular. No habrá, pues, "precipitación".

En el corto plazo, la reacción sindical al plan del Gobierno se canalizará a través de la protesta de los empleados públicos. Las centrales que los representan convocaron ayer un paro general para el próximo 2 de junio que tanto Méndez como Toxo apoyan sin ambages. Con esta convocatoria, los sindicatos ganan tiempo. Lo necesitan para testar cuál es de verdad la acogida social a las medidas decididas para recortar el déficit, pues desde el Gobierno se confía en que las encuestas que ya están en marcha reflejen el sentido común de los ciudadanos en forma de comprensión hacia el paquete destinado a frenar el déficit.

Ante la "agresión sin precedentes" que ha supuesto la primera rebaja salarial impuesta a los empleados públicos por el Gobierno, los sindicatos mayoritarios de la función pública han acordado convocar el citado paro general. Así lo decidieron ayer CC OO y UGT en sus respectivos comités federales. Ambas centrales han invitado a secundar la movilización de los funcionarios a CSI-CSIF, el tercer sindicato firmante del acuerdo salarial sellado con el Gobierno el pasado otoño. "El flagrante incumplimiento de este acuerdo", que equivalía a un incremento del 0,3% de los sueldos públicos este año, "hace necesaria una protesta conjunta de todos los empleados públicos", declaran desde los sindicatos. æpermil;stos temen, además, un "contagio al sector privado" de la vulneración de los acuerdos salariales iniciada por el Ejecutivo.

Las movilizaciones comenzarán, no obstante, el próximo 21 de mayo, cuando el Consejo de Ministros apruebe el recorte de 4.500 millones de euros en los gastos de personal. CC OO y UGT celebrarán entonces concentraciones de protesta por todo el país frente a las delegaciones de Gobierno. A todo el plan de movilizaciones, informan, se invitará también a las asociaciones de pensionistas, que verán congeladas sus rentas durante el próximo año. Serán las ejecutivas nacionales de las grandes centrales, y el devenir del diálogo social, los que marquen si la acción sindical para ahí, o hay un llamamiento a la huelga general, que de momento se ha eludido. Esta renuncia coyuntural de Comisiones y UGT a la huelga general y su decisión de mantener vivo el diálogo social no está exenta de duras advertencias al Gobierno. Toxo y Méndez le trasladaron ayer a Zapatero su "disconformidad absoluta" con el plan de ajuste que se aprobará la semana que viene porque consideran que responde sólo a las "exigencias de los mercados", retrasará la recuperación económica y el crecimiento y generará más paro.

Ambos sindicatos consideran también que el plan supone "un golpe al Pacto de Toledo" ya que algunas de sus medidas, como la congelación de las pensiones o la suspensión del régimen transitorio creado en 2007 para fomentar las jubilaciones parciales, ponen en riesgo el consenso alcanzado hace 15 años para que todas las decisiones relacionadas con la Seguridad Social se sometan al acuerdo parlamentario.

La alternativa

Méndez y Toxo le explicaron a Zapatero que, además de generar inseguridad jurídica, el Gobierno "ha dañado" la confianza que existía en la interlocución con las organizaciones sociales, ya que va a incumplirse por decreto el acuerdo firmado con los sindicatos de la función pública.

Los secretarios generales de los dos principales sindicatos alertaron del riesgo de que desde algunos sectores oficiales se intenten minimizar los efectos del recorte salarial a los empleados públicos mediante campañas de desprestigio. Méndez y Toxo recordaron que entre los funcionarios hay médicos, enfermeras, celadores, profesores de instituto y de universidad, policías y guardias civiles que, además de tener una buena imagen pública, pueden verse desincentivados en su trabajo por la pérdida de poder adquisitivo.

Los representantes de UGT y Comisiones no fueron a La Moncloa con las manos vacías. Le pusieron al presidente del Gobierno sobre la mesa un plan alternativo para reducir el déficit que descansa sobre la política de ingresos y no sobre los gastos. Méndez y Toxo propusieron recuperar el Impuesto de Patrimonio, reactivar de nuevo el de Sucesiones, elevar los tramos del Impuesto sobre la Renta que afectan a los ciudadanos con mayores ingresos, nuevas alzas en el IVA para los artículos de lujo y reforzar la lucha contra el fraude. Del comunicado hecho público por Moncloa tras la entrevista se desprende el nulo eco que tuvieron estas recetas en el presidente. "Rodríguez Zapatero expresó su respeto hacia sus posiciones y las decisiones que adopten", reza dicho escrito.

La decisión de los sindicatos de intentar salvar el diálogo social descansa en su voluntad de cerrar en breve la reforma laboral. Ni Méndez ni Toxo intuyeron ayer en la conversación con el presidente del Gobierno la inminencia de un decretazo para imponer esta reforma. Hay, pues, voluntad de alcanzar un pacto cuanto antes, aunque ninguno de los dos sindicalistas obviaron que el plan de ajuste "supone un obstáculo" para estas conversaciones porque en ellas juega un papel importante lo que Méndez llamó "el sentido del equilibrio".

Frente a los reproches sindicales, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, buscó ayer la comprensión en el Senado. Aseguró que estas medidas "excepcionales" tienen "un gran coste" para los ciudadanos, pero, sobre todo, para el presidente del Gobierno, ya que han sido unas decisiones "claramente duras".

De ganar 50 euros a perder 800

El Gobierno firmó con los sindicatos el pasado septiembre un acuerdo de moderación salarial por tres años para los 2,6 millones de funcionarios que hay en el país. El pacto recogía para este ejercicio un incremento de la base salarial del 0,3%. Para el funcionario medio, que según CSI-CSIF percibe unos 1.300 euros mensuales, esta subida equivale a unos 50 euros más al año. Sin embargo, el drástico ajuste social anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno ha revertido esta situación hasta lo que supone una rebaja media de 800 euros anuales en las nóminas públicas. Algo más de 400 euros menos en 2010, dado que la medida se aplicará desde el mes de junio, y el montante total durante 2011 cuando está previsto que se congelen. El recorte del 5% se hará, no obstante, por tramos. æpermil;stos no han sido especificados todavía, más allá de que serán del 15% para los altos cargos, y se limitarán a la congelación para los mileuristas. El Gobierno tiene la obligación de concretarlo en la mesa de negociación de los funcionarios antes de aprobar el decreto ley.