Y llegó la hora del ajuste
Había que ahorrar 15 millardos de euros entre este año y el siguiente. Todo el mundo esperaba una potente vuelta de tuerca al gasto en infraestructuras y a los impuestos. Pero la sorpresa fue que algo más de la mitad del ahorro vendrá por la vía de suspensiones, reducciones o congelaciones del gasto social y los salarios de los funcionarios, otros 6 millardos por la vía de las infraestructuras y 1,2 millardos por el esfuerzo que logren hacer los Gobiernos autonómicos y locales.
El gasto social se divide en dos categorías: el vital y el que no lo es. Es gasto social vital el asociado a las pensiones o las prestaciones de desempleo, especialmente cuando sus beneficiarios carecen de otras fuentes de renta. Pero el cheque bebé no es gasto social vital. Puede discutirse cuán vitales son las actualizaciones de sueldos y de pensiones, pero cuando los precios bajan o crecen muy moderadamente, cunden los descuentos en las tiendas y no hay recursos para pagar dichas actualizaciones, la adopción de estas medidas también está indicada.
El presidente del Gobierno se ha visto obligado a adoptar medidas que le duelen tanto o más a él mismo como a quienes habrán de sufrirlas. Pero era inevitable que el discurso de defensa a ultranza del gasto social se quebrase cuando el déficit nos dice claramente que no podemos seguir ignorando la insuficiencia de recursos públicos y nuestros prestamistas se niegan a financiarnos si no es a un coste prohibitivo. No digamos cuando, como consecuencia de la situación presupuestaria de varios países del euro, incluido el nuestro, la moneda única se tambalea, pierde credibilidad y comienza a cotizarse la probabilidad de fracaso de la Unión Monetaria. En ese momento, las llamadas de los socios del euro (y de quienes no lo son) se hacen insistentes e ineludibles.
Es, obviamente, muy fácil, decir que esto había que haberlo hecho mucho antes, que nos podríamos haber ahorrado enormes costes de todo tipo o que ahora estaríamos en mejores condiciones de aprovechar el que la economía ha tocado fondo. Pero lo que toca ahora es secundar al Gobierno para que este plan de ajuste sea una realidad lo menos contestada posible. Habrá contestación, social, claro que sí. La sociedad española se ha acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades y casi nadie aceptará ser parte de la espalda colectiva que debe soportar el ajuste. No faltarán voluntarios de todos los rincones del espectro político y social que se apresten a criticar estas medidas y que alienten la resistencia de la sociedad a aceptarlas.
La base social del ajuste debe ser lo más ancha posible y la sociedad tiene que saber que es muy posible que las medidas no se acaben aquí. Que los acuerdos firmados hace unos meses por los interlocutores sociales para la subida de los salarios de los trabajadores del sector privado tienen los días contados, si queremos que nuestra economía sea competitiva en estas condiciones y los esfuerzos se repartan por igual. Que estas medidas adoptadas por el Gobierno, son también el preludio a las reformas estructurales en los mercados de bienes, servicios y trabajo que nos hemos negado a emprender hasta ahora, pero que no admiten demora.
Se dirá que deprimiendo los salarios y las prestaciones no saldremos de la crisis, pues la demanda de bienes y servicios se verá afectada. Puede argumentarse que las subidas de impuestos detraen renta disponible y componen exponencialmente la caída de los anteriores. Al fin, se podría decir que el recorte de las inversiones en infraestructura dará al traste con los empleos que esperábamos crear. Es cierto, todas estas medidas son perturbadoramente contrarias al relanzamiento de la economía e intervienen precisamente ahora cuando la crisis ya ha tocado fondo. Pero, estos efectos son a corto plazo y durarán lo que la confianza doméstica y foránea tarde en restablecerse. Todavía más perturbador sería seguir gastando los recursos y el tiempo que no tenemos, contribuir al hundimiento del euro y lograr que el actual desempleo se enquiste por muchos años.
José A. Herce. Socio y Director de Economía de Afi. Profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid