Zapatero se juega hoy su crédito en el plan de recorte fiscal
El secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, ha trasladado al Gobierno español que la debacle bursátil sufrida la semana pasada se debió a una acción concertada de los especuladores. Pero José Luis Rodríguez Zapatero ya no podrá escudarse hoy en el Congreso en la picaresca de los mercados para suavizar su plan de ajuste: nunca ha estado bajo la observación de tantos ojos influyentes y tampoco se ha jugado en un solo debate toda su credibilidad.
El hermetismo sobre las medidas que hoy anunciará el presidente del Gobierno dentro del plan de ajuste impuesto por Bruselas fue ayer la nota general en el Gobierno. Entre otras razones, porque los detalles no se cerraron hasta última hora. La vicepresidenta Elena Salgado se cruzó llamadas durante todo el día con los consejeros económicos de las diferentes comunidades, interesados en conocer la parte del ajuste suplementario del 0,5% del PIB comprometido por el Gobierno con las autoridades comunitarias que les tocará asumir en sus respectivos territorios. Salgado apenas les dio detalles, circunstancia que generó tensión con alguna comunidad.
La vicepresidenta se limitó a insinuar en el Senado que el grueso del recorte presupuestario procederá del gasto y no de los ingresos, sin cerrar todas las puertas a una nueva subida de impuestos.
El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, avanzó que el presidente del Gobierno pedirá hoy un gran "esfuerzo nacional" para salir de la crisis, lo que encerraría en sí mismo un cambio de lenguaje en el discurso oficial, que puede virar a caballo de los acontecimientos. Este "esfuerzo nacional" sí que forma parte del lenguaje de numerosos parlamentarios socialistas que, desde hace meses, vienen pidiendo de una u otra forma al Gobierno que de un paso adelante, reconozca la gravedad de la situación y demande sacrificios a los ciudadanos. También ha sido este el eje del discurso de buena parte de los partidos de la oposición, que hoy reprocharán a Zapatero la tardanza que ha tenido el Gobierno en adoptar medidas contundentes para afrontar la crisis y, sobre todo, para ganar credibilidad en los mercados.
En el PSOE se cree llegado el momento de que el presidente pida sacrificios a los ciudadanos
El secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, ha trasladado personalmente al Gobierno que los ataques sufridos la semana pasada por las bolsas no sólo tuvieron un origen especulativo, sino que obedecieron a una acción concertada. Es, de alguna forma, el velo con el que el propio Zapatero ha intentado esconder hasta el pasado fin de semana la inacción gubernamental. Pero fuentes socialistas recordaban ayer que lo sucedido el domingo en la reunión del eurogrupo tiene un sentido histórico por las medidas adoptadas y, en el caso español, obliga al Ejecutivo a dejarse de promesas y de futuribles para aplicar medidas contundentes que no sólo serenen los mercados, sino que sirvan también para justificar las cesiones hechas por países como Alemania, Finlandia u Holanda, es decir aquellos que pueden presumir de tener sus cuentas relativamente en orden.
Mentalizados para los recortes
Después de la tormenta financiera vivida la semana pasada, incluso los ministros parecen más mentalizados para asumir los recortes. Si hace sólo un mes muchos de ellos protagonizaron una auténtica batalla interna para frenar el recorte de secretarios de Estado y otros altos cargos, objetivo que lograron, ahora reconocen que hay que apretarse el cinturón porque las circunstancias lo imponen. Así lo admitieron ayer, entre otros, las titulares de Defensa, Sanidad y Cultura. Aunque las comunidades autónomas también se verán afectadas por los recortes suplementarios decididos por Bruselas, es más que probable también que ministerios como el de Fomento, que ya han cargado con el grueso del ajuste de 5.000 millones previsto en un principio para este año, tengan que asumir nuevas restricciones presupuestarias que afectarán al capítulo inversor.
La expectación que despierta la intervención que hoy hará Zapatero en el Congreso se justifica no sólo por la respuesta que le darán los grupos de la oposición, sino también por la reacción de todos los organismos internacionales que están pendientes de los compromisos concretos que asuma, cuyo examen se hará en cuestión de días en Bruselas. No es exagerado decir, por tanto, que el presidente del Gobierno se juega hoy todo su crédito en un momento en el que la crisis económica se solapa con una profunda crisis política que se percibe en dos pronunciamientos que desde 2004 no coincidían en el tiempo: la petición por parte del PP de elecciones anticipadas y la reivindicación por CiU de un gobierno de concentración.
El sueldo de los funcionarios
El PP volvió a tender ayer la mano a su manera a Zapatero para apoyarle en el caso de que adopte medidas valientes. Su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, le sugirió, incluso, que el Gobierno tendría el respaldo de su grupo si se decantara por reducir o congelar el sueldo de los funcionarios. "Cuando el PP ha tenido que tomar decisiones valientes lo ha hecho. Así pasó cuando heredó del PSOE una difícil situación económica", mantuvo ayer Sáenz de Santamaría al ser preguntada por los periodistas si apoyaría un recorte o una congelación del sueldo de los empleados públicos en el supuesto de que Zapatero anunciara hoy esta iniciativa dentro del plan de ajuste impuesto por Bruselas.
La portavoz parlamentaria del PP añadió que sería bueno conocer qué opinan al respecto los equipos de la vicepresidenta primera y de la vicepresidenta segunda, pues fueron lo que entraron en contradicción cuando, en febrero pasado el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sugirió que estaba en la mente del Gobierno la posibilidad de congelar el salario de los empleados públicos.
El primer indicio de que el Gobierno estaba pensando en esta posibilidad lo dio, en efecto, Carlos Ocaña en febrero pasado cuando no descartó que fuera necesaria en todas las administraciones públicas para recortar en un 4% el capítulo de gasto de personal antes de 2013, año en el que las cuentas públicas, según el compromiso contraído con Bruselas, tendrán que haber reducido el déficit al 3% del PIB. En estas mismas declaraciones, el secretario de Estado no descartó, por tanto, revisar el pacto de moderación salarial sellado entre el Gobierno y los sindicatos de la función pública para los años 2010, 2011 y 2012.
Al día siguiente de estas declaraciones de Ocaña, el Gobierno se lanzó en tromba a desmentir al secretario de Estado, defendiendo que es posible bajar el peso de los salarios públicos sobre el PIB desde el 11,4% de 2009 hasta el 10% en 2013, con un ahorro aproximado superior a los 10.000 millones de euros, sencillamente mediante el pacto de moderación salarial y una tasa de reposición de solo el 10% de la oferta pública de empleo.