La crisis del volcán: unos deciden y otros pagan

Las compañías aéreas no pueden responsabilizarse de situaciones que son ajenas a ellas, y que responden a decisiones gubernamentales, cuyo superior criterio, queda fuera de la capacidad de gestión de las empresas. Que los ciudadanos tengamos derechos y que éstos se preserven ante situaciones catastróficas de fuerza mayor, son conceptos defendidos por todos, seamos proveedores o consumidores. Lo que no está tan claro es la determinación de los límites de responsabilidad, ante las situaciones y los hechos.

El proceso productivo de las compañías aéreas se viene interrumpiendo durante estas últimas semanas, no por la decisión de éstas, sino por la de las autoridades de navegación aérea de los distintos países, en el ejercicio de su más alta responsabilidad, y ante una situación catastrófica que entienden podría poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. Las consecuencias de esas decisiones deben ser responsabilidad de quienes las tomaron, y no de los sujetos pasivos de las mismas. Son ellos los que deben identificar las ventajas y los inconvenientes, y los que deben establecer los criterios para resarcir a los ciudadanos; son las autoridades, que en definitiva administran los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y lo hacen con la representación y con las aportaciones de éstos.

El Reglamento 261 establece sin lugar a dudas lo que deben hacer las compañías aéreas con sus clientes, cuando se producen retrasos o interrupciones de sus vuelos. Las indemnizaciones, los reembolsos y/o las asistencias en tierra, están perfectamente definidas, tanto si la responsable es la compañía aérea como si no lo es. Si lo es, no hay duda sobre quién debe hacerse cargo de los gastos: las compañías aéreas. Si no lo es, tampoco debería haber dudas: las autoridades que tomaron la decisión de cerrar los espacios aéreos.

La posición de las compañías es clara; asumen las responsabilidades por su gestión ante sus clientes, y lo hacen en el marco de la amplia regulación nacional e internacional, pero lo que no pueden asumir son las responsabilidades de los demás. Asumen gestionar en primera instancia, y en representación de las autoridades, la asistencia a sus clientes, pero demandan la indemnización de los responsables de la situación. El proceso productivo del transporte aéreo no empieza ni termina en la compañía aérea; hay muchos más intervinientes y corresponsables. No creemos en la derivación de las responsabilidades hasta que se diluyan, creemos en su identificación y en que el último eslabón de la cadena la asuma ante el cliente y pueda repercutirla según las circunstancias objetivas.

Pablo Olmeda. Presidente de ALA