La reducción del déficit es tarea de todos
El acuerdo del Ecofin de la madrugada del lunes ha dado confianza a los mercados y un respiro para países como España que ya se veían reflejados en el espejo griego. Ahora bien, se recuerda a los socios comunitarios la necesidad de incorporar políticas activas de lucha contra el déficit público. En este sentido, el próximo 18 de mayo las políticas aprobadas por España y Portugal de contención de la deuda pública y de consolidación fiscal para el trienio 2010-2013 se someterán de nuevo al examen europeo.
Aún con escepticismo y con la mirada puesta en esta segunda revisión, el Ecofin ha aplaudido el plan de aceleración de reducción del déficit de un punto y medio entre 2010 y 2011 que ha propuesto España. Este plan de austeridad contempla, entre otras medidas, la subida del IVA y de los impuestos del capital, la supresión de la deducción de los 400 euros y el recorte del gasto público en personal y en el sector público empresarial, con el que se pretende rebajar el déficit del 11,2% hasta situarlo en el 3% en el año 2013.
La concreción de estas medidas se hará públicas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mañana miércoles. Si las mismas son efectivas y realistas, se atemperarán los intereses de la deuda española y permitirán el crecimiento de nuestra economía sin los vaivenes de los últimos días. En todo caso, se han de excluir recortes a la políticas tanto de apoyo a la innovación, tan necesaria para el fomento de nuestra competitividad, como de fomento de las pequeñas y medianas empresas, parte esencial de nuestro tejido empresarial. Por el contrario y en el denominado gasto social, pueden suprimirse o reducirse ciertas prestaciones, como la controvertida ayuda por nacimiento de hijos.
Ahora bien, este esfuerzo no debe corresponder sólo al Gobierno central, sino que es tarea de todas las Administraciones públicas territoriales: Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Hemos de recordar, de un lado, que a las Comunidades autónomas les corresponde un 36% del gasto público total y un 13% a las entidades locales. Y, de otro, que la mitad del gasto del Gobierno central corresponde a la Seguridad Social, de muy difícil reducción.
Lo anterior pone de relieve que la reducción planteada del déficit público no puede llevarse a cabo sólo por parte del Gobierno de la nación, sino que es necesaria la corresponsabilidad del resto de Administraciones. Es cierto que la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, prevé consecuencias en caso de que las comunidades incumplan el objetivo de estabilidad. Pero tales consecuencias no evitan una situación de déficit excesivo y que, incluso, no sea corregido, ya que no van más allá de restringir autorizaciones para el endeudamiento y de hacer corresponsable a la comunidad de que se trate de las responsabilidades ante la Unión Europea. Pero, insistimos, es posible que el gasto de las comunidades determine el incumplimiento de los compromisos españoles ante las instituciones comunitarias.
Hasta el momento sólo se ha apelado a la lealtad institucional de las comunidades autónomas, de forma que, mediante los acuerdos adoptados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cooperen en el cumplimiento de estos objetivos de política económica general. Sin embargo, la actual situación económica justifica que el Gobierno proponga al parlamento la adopción de medidas que permitan esa corresponsabilidad. Es preciso recordar que, con buen criterio, el constituyente reservó a la competencia exclusiva del Estado la dirección de la Hacienda general, lo que legitimaría, con carácter urgente, la imposición de mayores restricciones presupuestarias a las comunidades a través de una modificación de la Leyes Orgánicas que regulan la estabilidad presupuestaria. Ahora bien, ello requiere un consenso entre todas las fuerzas políticas para eludir posibles recursos ante el Tribunal Constitucional por vulneración de competencias autonómicas.
Como es lógico, esta modificación también resultaría de aplicación a las entidades locales. Ahora bien, la situación de sus Haciendas requiere que, de una vez por todas, se lleve a cabo su reforma, dotándolas de nuevas figuras tributarias. Sólo de este modo se les podrá exigir corresponsabilidad.
Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense